El Gobierno ha decidido apelar ante la Justicia la suspensión de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida que fue dictada recientemente por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, bajo la dirección de la jueza Martina Forns. 

Esta resolución judicial impone una medida cautelar que detiene por un período de seis meses el decreto que había sido emitido para la reestructuración de las áreas dentro de la Secretaría de Transporte. Desde el Ejecutivo nacional se ha señalado que se seguirá la misma estrategia que en otros procesos judiciales, con la intención de lograr la habilitación del decreto a través de una presentación ante la Cámara del fuero. Fuentes de la Casa Rosada han indicado que, aunque , esta acción se realizará tras la feria judicial, que en los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal se extiende desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto. 

La demanda que dio origen a esta situación fue interpuesta por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), el cual argumentó que las facultades delegadas al Gobierno no incluían la atribución para disolver este organismo. Cabe destacar que el mencionado decreto también contempla la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. 

El plan del Gobierno tiene implicaciones significativas para el personal de Vialidad, ya que prevé la cesación de funciones para más de 5,100 empleados públicos, quienes pasarían a disponibilidad. Esta disponibilidad les permitiría mantener su salario durante un año mientras se espera su reubicación, además de ofrecerles capacitaciones para otras tareas y la posibilidad de realizar servicios tercerizados para el Estado. En caso de que no sean reubicados, se contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, o fracción mayor a tres meses. 

La jueza Forns ha dictado una orden que prohíbe al Ejecutivo llevar a cabo cualquier acto administrativo que valide el decreto 461/2025, lo que incluye reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones o la supresión de estructuras relacionadas con la Dirección Nacional de Vialidad. En el documento judicial emitido, se establece que Vialidad es una entidad autárquica de derecho público, con la capacidad de actuar tanto en el ámbito privado como en el público, conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958. Además, se enfatiza que la relación laboral del personal se encuentra regida por la Ley de Contrato de Trabajo. 

La Procuración del Tesoro de la Nación, presidida por Santiago Castro Videla, es la entidad encargada de liderar las defensas y demandas judiciales del Estado. Se ha mencionado que el titular de esta procuración mantiene contacto regular con los equipos técnicos y judiciales del oficialismo, que están bajo la dirección de la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, junto con la colaboración del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.