La tarjeta Ciudadana dejó de funcionar como sistema de pago en el sistema de transporte público urbano el pasado 30 abril. Desde ese momento hasta ahora hubo numerosos reclamos por parte de los usuarios, que por diferente motivos no pudieron agotar sus saldos hasta el último día de vigencia estipulado por el municipio de San Miguel de Tucumán. 

En el medio de las quejas, hubo concejales capitalinos de la oposición que pidieron que se instrumentaran los medios necesarios para que estos saldos en disputa sean devueltos a los pasajeros.

Pasada la primera semana de mayo, la gestión municipal capitalina ordenó una auditoría a la empresa Bizland, que era la proveedora del servicio de la tarjeta Ciudadana y pudo acceder a unos informes preliminares para determinar cuál es el monto de los saldos que quedaron inhabilitados desde el 1 de mayo. 

Hasta el momento se pudo establecer que los remanentes a favor de los usuarios asciende a $400 millones. Las autoridades también indicaron que hay $250 millones de montos en negativo. Cabe recordar que cuando se implementó el sistema de la tarjeta Ciudadana, los usuarios podían realizar hasta dos viajes en “banda negativa”, es decir, sin crédito, luego eran compensados en próximas recargas. El tema es que muchos pasajeros hicieron uso del monto negativo y después no utilizaron más la tarjeta, así se generó esa deuda que asciende a $250 millones. Ahora el municipio debe definir si absorberá las cifras en rojo. 

El secretario de Transporte y Movilidad Urbana de Capital, Benjamín Nieva, confirmó que están ultimando los detalles para comenzar con la devolución de los saldos a los pasajeros que aún tengan en su poder las tarjetas Ciudadana. Ya se acordó que Bizland cederá 10 máquinas validadoras para que se puedan verificar los saldos de cada tarjeta. El operativo se realizaría en el Centro de Atención Ciudadana, ubicado en San Lorenzo 1.270, para que los pasajeros asistan con sus tarjetas, confirmen la titularidad y se transfiera el dinero a la SUBE o a una cuenta CBU. La fecha será anunciada en las próximas semanas.

Rompió el silencio la influencer denunciada por usar cuits de gobernadores para importar ropa