El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, anunció recientemente que la justicia ha procesado a siete personas por delitos relacionados con la administración pública. “La justicia imputó a siete personas por delitos en contra de la administración pública. En esa imputación estuvieron particulares que usurparon y hubo tres empleados del Estado que también colaboraron a que todo eso pasara”, declaró Pedicone, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte del gobierno provincial.

 Informaron que desde el inicio de la gestión actual se han recuperado más de cien propiedades pertenecientes al Estado, lo que equivale a más de 350 hectáreas que ahora están bajo la custodia de organismos públicos. Jaldo destacó que estas tierras están destinadas a usos turísticos, beneficiando así a la comunidad tucumana. “Hoy mismo, en este momento, está ocurriendo en Yerba Buena una recuperación de un predio muy importante que había sido usurpado por un propietario”, informó la Fiscal de Estado, reafirmando la acción inmediata y continua de las autoridades para restituir el patrimonio provincial. 

La Fiscal también mencionó que actualmente hay alrededor de cincuenta terrenos más que están en proceso de restitución y se espera que se ejecuten en un plazo de cuarenta y cinco días. "Vamos como Fiscalía, con el acompañamiento de la justicia", afirmó Pedicone, resaltando la colaboración entre diferentes entidades para llevar a cabo estas acciones. Este esfuerzo no solo busca recuperar propiedades, sino también restablecer el orden en la utilización de espacios públicos y naturales en la provincia.

 La intervención en la comuna del Mollar y las recientes medidas adoptadas por la Fiscalía buscan asegurar que la gestión gubernamental no se vea distraída por el contexto electoral. “Las elecciones no distraen la labor en defensa del patrimonio provincial”, enfatizó Pedicone. Además, recordó que se habilitaron nuevos canales para denuncias confidenciales sobre usurpaciones de terrenos fiscales o daños al medioambiente, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la protección de bienes públicos.