En el marco del litigio que sostiene la Argentina con inversores norteamericanos sobre la nacionalización de la empresa YPF, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ha decidido suspender la orden emitida por la jueza Preska, que obligaba al Estado argentino a ceder el 51% de las acciones que posee en la mencionada compañía petrolera. Esta decisión se produce en un contexto de apelaciones y disputas legales que involucran significativas implicaciones económicas y políticas para el país sudamericano. 

La historia de este conflicto se remonta a la nacionalización de YPF en 2012, un movimiento que fue interpretado por muchos como un acto de soberanía, pero que también llevó a la Argentina a enfrentarse a demandas de inversores que alegan haber sufrido pérdidas como consecuencia de esta medida. En este sentido, la jueza Preska había dictado una sentencia que generó preocupación en el Gobierno argentino, ya que obligaba a la entrega de una parte sustancial de los activos de una de las principales empresas del país. 

Frente a esta situación, el Gobierno argentino había manifestado su intención de apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar cumplir con la orden de entrega de acciones. En este contexto, la Argentina había solicitado a la Cámara de Apelaciones que suspendiera temporalmente la orden de la jueza Preska mientras se resolvía la apelación, un pedido que fue finalmente concedido por la Corte. 

La Cámara de Apelaciones, al hacer lugar a la solicitud argentina, decidió suspender la ejecución de la orden de entrega de acciones, permitiendo así que el país se prepare para argumentar su caso en la apelación de fondo, la cual está programada para iniciar a finales de septiembre. Sin embargo, esta fase del litigio presenta varias posibilidades: la Corte podría decidir en favor de la Argentina, en contra, o establecer una medida cautelar que requiera al país depositar una garantía durante el proceso de apelación. 

A pesar de la decisión favorable de la Cámara de Apelaciones, el Gobierno argentino ha sido enfático en su postura de no presentar garantías a los demandantes, argumentando que no se negociará mientras existan instancias judiciales que agotar. Esta posición refleja una estrategia más amplia del Gobierno, que busca defender su soberanía y sus decisiones económicas frente a la presión de las demandas internacionales. 

De este modo, el litigio por YPF continúa representando un desafío significativo para la relación entre Argentina y los inversores extranjeros, así como un tema de discusión en el ámbito de la política económica nacional. Mientras se aproxima la fecha de la apelación de fondo, el desenlace de este conflicto sigue siendo incierto, y los actores involucrados se preparan para lo que podría ser un capítulo crucial en esta prolongada disputa legal.