La justicia falló a favor de Gobierno en la disputa por la inclusión de tasas municipales en facturas de servicios públicos
El juez rechazó un amparo presentado por el municipio de Tigre contra una resolución del Ministerio de Economía que prohíbe la inclusión de impuestos municipales
El Juzgado Federal de San Martín, a cargo del juez Oscar Alberto Papavero, desestimó un amparo presentado por el municipio de Tigre, que buscaba declarar inconstitucional la Resolución 267/2024. Esta norma prohíbe incluir tasas municipales, como la de alumbrado y el uso de la red de gas, en las facturas de luz y gas. El fallo representa un respaldo para el ministro de Economía, Luis Caputo, tras varios reveses judiciales del Gobierno nacional.
La Justicia respaldó la postura del gobierno
El municipio de Tigre pretendía mantener los cobros de la Tasa de Alumbrado en las facturas de Edenor y la Contribución Especial por el uso de la red de gas en las boletas de Naturgy. Sin embargo, la Resolución 267/2024 estableció que estos cargos no podían incluirse en las facturas de servicios públicos.
El juez Papavero determinó que la resolución no era arbitraria ni ilegal, ya que fue emitida por una autoridad competente dentro de sus atribuciones. Además, destacó que no se demostró que la medida afectara los derechos del municipio ni desconociera su potestad tributaria. La Justicia enfatizó que los municipios deben buscar mecanismos alternativos para recaudar estas tasas.
El fallo otorga a los municipios un plazo de 90 días para implementar sistemas alternativos de cobro que no incluyan las tasas en las facturas de servicios públicos. Durante este período, deberán respetar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que protege los derechos de los usuarios frente a posibles abusos.
Protección al consumidor como prioridad
El juez subrayó que los municipios deben tomar precauciones para no afectar los derechos de los consumidores. La resolución judicial no solo ratifica la legalidad de la medida nacional, sino que también refuerza la importancia de garantizar transparencia y equidad en los cobros a los usuarios.
Aunque el fallo permite a los municipios buscar nuevas formas de recaudación, marca un precedente sobre la necesidad de equilibrar las potestades tributarias locales con los derechos de los consumidores. Esta decisión podría influir en futuras disputas similares entre municipios y el Gobierno nacional.