El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py ha emitido una intimación a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros ocho condenados en el marco del caso conocido como "Vialidad". La suma reclamada asciende a 684 mil millones de pesos, que corresponde al decomiso por una maniobra fraudulenta comprobada durante el desarrollo del caso. 

De acuerdo con información proporcionada por fuentes judiciales, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu han establecido un plazo de diez días hábiles para que las partes cumplan con el trámite correspondiente. Este plazo concluirá el 13 de agosto a las 9:30 horas, considerando que las próximas dos semanas se encuentran en periodo de feria judicial, lo que implica que esos días no se cuentan como hábiles. En caso de que los condenados no efectúen el pago requerido, la justicia ha dispuesto la apertura de una cuenta especial en el Banco Nación, y se procederá al remate de los bienes que estén a nombre de los acusados. 

Es importante destacar que la cantidad de 684 mil millones de pesos no se distribuirá proporcionalmente entre todos los condenados. Este monto se considera solidario, lo que implica que los acusados deberán acordar la cantidad de dinero que cada uno aportará, según el mecanismo de decisión que estimen conveniente. Esta cifra, al tipo de cambio oficial, equivale aproximadamente a 537 millones de dólares. Se anticipa que es probable que alguna de las partes intente objetar esta decisión mediante una apelación. 

En el caso específico de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola han presentado una lista de bienes a su nombre, que incluye una caja de seguridad por 4.500.000 dólares, que pertenecía a su hija Florencia Kirchner, otra caja por un millón de dólares, así como propiedades ubicadas en Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires, además de sus empresas, entre las que se destaca Los Sauces. Este último incluye el departamento en San José 1.111, donde la ex presidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en relación a la misma causa. 

Los bienes mencionados están embargados y podrían ser subastados para recuperar la suma reclamada. En su resolución, el tribunal ha indicado que el decomiso de tales bienes es una "determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción". Se ha establecido que entre los años 2003 y 2015, durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, existieron irregularidades en las obras públicas otorgadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La cifra de 684 mil millones de pesos fue calculada por peritos oficiales de la Corte Suprema, quienes actualizaron un monto previamente fijado en 85 mil millones de pesos en diciembre de 2022, en el momento del veredicto. Esta actualización se realizó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. 

Por su parte, el perito designado por Cristina Kirchner estimó que el decomiso debería ser de 42 mil millones de pesos, representando el 6 por ciento del monto oficial, basándose en los montos de las obras ajustados por la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina. El tribunal, en su resolución, respaldó la conclusión de los peritos oficiales, argumentando que las razones presentadas por la experta contable eran sólidas y adecuadamente justificadas, conforme a las normas contables invocadas. 

Los jueces señalaron que el IPC del INDEC ha sido el cálculo utilizado históricamente en esta causa y desestimaron el peritaje del contador designado por Cristina Kirchner, argumentando que su cálculo se basó en un valor de referencia diferente al utilizado por los otros expertos contables. Junto a Cristina Kirchner, los condenados que deberán afrontar el pago de los 684 mil millones de pesos incluyen a Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, todos ellos actualmente en prisión, con la ex presidenta y Periotti cumpliendo prisión domiciliaria.