La autopista que unirá San Miguel de Tucumán con Termas de Río Hondo nació con el respaldo explícito del gobierno nacional y la promesa de mejorar la conectividad entre dos centros neurálgicos del norte argentino. En febrero de 2022, la rúbrica del entonces jefe de Gabinete Juan Manzur, del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y del vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial Osvaldo Jaldo habilitó el inicio formal del primer tramo. El proyecto también contó con el aval técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hecho que reforzó su legitimidad técnica y su posibilidad de acceso a financiamiento internacional.

Durante 2023, el avance quedó salpicado por tensiones. En marzo de ese año, Conorvial —contratista a cargo del tramo III, de apenas tres kilómetros— pidió la neutralización de los plazos de obra por “trabas técnicas”. La solicitud encendió un debate político: mientras del lado santiagueño se advertían progresos, desde Tucumán la paralización reclamaba explicaciones y generó inquietud sobre el cumplimiento de los plazos y la sostenibilidad financiera del contrato. Tras negociaciones, la empresa reanudó las tareas, aunque la convivencia entre reclamos técnicos y presiones políticas dejó en evidencia la fragilidad de los calendarios de obra pública en contextos de incertidumbre institucional.

La situación se volvió a tensar a comienzos de 2024, cuando los anuncios del presidente Javier Milei sobre la suspensión de obras financiadas con fondos nacionales provocaron la neutralización efectiva del proyecto. Desde entonces, la obra quedó paralizada, con el consiguiente impacto sobre la dinámica local y las expectativas de los actores económicos y sociales involucrados.

Entre los trabajos planificados figura un puente elevado sobre la Ruta Nacional 9, concebido para descongestionar el cruce y mejorar la seguridad vial. Esa estructura, por su naturaleza y escala, abrió a la gobernación una posibilidad práctica: absorber su ejecución para avanzar aun si la financiación nacional permaneciera incierta. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas de la provincia vienen analizando el expediente para estimar el costo real de completar el puente bajo la órbita provincial o mediante un esquema de cofinanciamiento, lo que implicaría revisar partidas, responsabilidades y cronogramas.