La reciente derogación de la Ley de Alquileres en Argentina ha suscitado un clima de inquietud e incertidumbre tanto entre inquilinos como entre propietarios. Esta medida, que pone fin a un marco legal que regulaba los contratos de arrendamiento desde 2020, modifica las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo estas transacciones. 

Sin embargo, es crucial señalar que, a pesar de la eliminación de esta normativa específica, los inquilinos no quedan completamente desprotegidos, ya que existen disposiciones en el Código Civil y Comercial de la Nación que aún garantizan derechos fundamentales a quienes alquilan una vivienda. Esto incluye situaciones donde un propietario desea recuperar su inmueble y no prorrogar el contrato.

Qué cambia con la derogación

La Ley de Alquileres, que fue implementada en junio de 2020, había establecido regulaciones como la duración mínima de tres años para los contratos, actualizaciones anuales basadas en índices oficiales, y obligaciones más estrictas para los propietarios en cuanto a plazos de notificación y cobertura de gastos. La derogación de esta ley busca desregular el mercado con el objetivo de favorecer una mayor oferta de inmuebles y facilitar la negociación directa entre las partes. Sin embargo, es importante destacar que esta desregulación no implica que los inquilinos puedan ser desalojados de manera inmediata o arbitraria.

En conformidad con lo establecido por la normativa vigente, si un contrato de alquiler ha llegado a su fin y el propietario no ha iniciado un proceso formal de desalojo ante la justicia, el inquilino tiene el derecho de continuar ocupando la vivienda de manera legal. Esto se debe a que el sistema jurídico argentino exige el cumplimiento de ciertos procedimientos antes de que se pueda llevar a cabo un desalojo. Los puntos clave que deben tenerse en cuenta son:

  • Notificación anticipada: El propietario está obligado a comunicar con antelación su intención de no renovar el contrato. Esta notificación debe ser fehaciente y otorgar al inquilino un tiempo razonable para que pueda tomar las medidas pertinentes.
  • Inicio de acciones legales: Si el inquilino no desocupa la propiedad tras la finalización del contrato, el propietario debe iniciar un juicio de desalojo, un proceso que puede extenderse por varios meses.
  • Derechos en vigencia: Hasta que no haya una orden judicial, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda, lo que impide un desalojo forzoso.

Inquietudes y dudas frecuentes

Con el nuevo escenario jurídico, muchos inquilinos se preguntan sobre las implicaciones de la derogación en lo que respecta a los aumentos de precios y el cálculo del valor del alquiler sin un marco regulado. Si bien la ley anterior fijaba un índice oficial para la actualización anual, ahora cada contrato deberá establecer libremente la forma y periodicidad de los ajustes. Esta situación podría dar lugar a negociaciones más dinámicas, pero también a desequilibrios en algunos casos. Además, persisten interrogantes sobre los contratos vigentes que fueron firmados bajo la ley derogada. En términos generales, estos contratos seguirán en curso hasta su vencimiento, respetando las condiciones acordadas en el momento de su firma, ya que la derogación no tiene carácter retroactivo.

Recomendaciones para inquilinos y propietarios

Ante este nuevo contexto legal, los especialistas en derecho inmobiliario sugieren las siguientes recomendaciones:

  • Revisar cuidadosamente el contrato firmado y confirmar qué cláusulas siguen vigentes en la actualidad.
  • Consultar con abogados especializados antes de formalizar nuevos acuerdos o iniciar trámites judiciales relacionados con el alquiler.
  • Negociar por escrito cualquier nuevo arreglo, para evitar posibles malentendidos o conflictos en el futuro.

Además, se aconseja estar atentos a futuras regulaciones que el Gobierno pueda implementar en reemplazo de la ley derogada.