En la actualidad, el faltante de chapas patente se ha transformado en un inconveniente significativo para miles de ciudadanos argentinos. A pesar de haber cumplido con todos los trámites legales pertinentes, muchos conductores se ven imposibilitados de circular con normalidad, lo que genera un clima de frustración y descontento. 

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, ha tomado la iniciativa de presentar un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el propósito de obtener respuestas claras sobre las demoras y complicaciones que se han derivado de la falta de provisión de estas chapas, una cuestión que debería ser esencial en la gestión pública. Campagnoli, en su exposición, no escatima en señalar que “el Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos”. Esta afirmación pone de manifiesto la realidad de un país donde, a pesar de que muchos cumplen a rajatabla con sus obligaciones, terminan perjudicados por la evidente ineficiencia gubernamental. 

La diputada reclama, amparada en la Ley 27.275, el derecho ciudadano a acceder a información pública, lo que resulta ser un recurso vital ante la opacidad que rodea la gestión de este problema. El pedido de Campagnoli busca esclarecer los motivos que sustentan esta situación, los plazos estimados para su resolución y la cantidad de dominios provisorios que actualmente están en circulación. Además, se interroga sobre el estado del proceso de licitación que llevó a la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A., al tiempo que se solicita información acerca de los proveedores anteriores y las razones que los llevaron a cesar sus operaciones. 

Este enfoque crítico subraya la falta de transparencia que ha caracterizado a la administración pública en este contexto. La diputada, además, ha enfatizado la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, recordando que desde el Ministerio de Justicia se había prometido la normalización del sistema en mayo, un plazo que ya ha sido superado sin que se vislumbre solución alguna. “Ese plazo venció hace tiempo y el problema continúa. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”, subraya Campagnoli, dejando al descubierto la falta de acción por parte de las autoridades. 

La preocupación de la legisladora ha encontrado eco en otros miembros del Congreso, quienes coinciden en que este episodio es una clara manifestación de la desorganización que reina en áreas clave del funcionamiento estatal. La falta de chapas patente no solo está causando demoras en la entrega de vehículos, sino que también pone en riesgo a miles de personas que, a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones legales, se enfrentan a sanciones por circular sin la documentación definitiva. “Es inaceptable que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan”, concluyó Campagnoli, resaltando así la urgencia de un cambio en la manera en que se gestionan estos procesos. 

En definitiva, el problema del faltante de chapas patente no es solo un inconveniente logístico, sino una clara señal de la necesidad de una reforma estructural en la administración pública argentina.