La problemática de los incendios rurales volvió a generar tensiones en la Justicia tucumana. Mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) insiste en que se dicte prisión preventiva a quienes sean sorprendidos iniciando quemas, los jueces se han mostrado más cautelosos y, hasta ahora, solo habilitaron causas sin disponer privaciones de libertad.

El último hecho ocurrió el jueves en Mancopa, donde efectivos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la división Delitos Rurales y Ambientales detectaron a tres hombres apilando restos de desmonte para prender fuego. La rápida acción de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista evitó que las llamas alcanzaran un cañaveral y sectores de bosque nativo. Por disposición de la fiscala Mariana Rivadeneira, los sospechosos fueron aprehendidos.

El sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos. Allí, la auxiliar fiscal Brenda Deroy advirtió sobre la gravedad de estas prácticas, que pueden provocar “accidentes de tránsito, daños materiales, lesiones a personas y perjuicios para los animales”. Deroy solicitó prisión preventiva por 30 días para dos de los imputados, al remarcar que no tienen domicilio acreditado en la provincia. La defensa solo aportó como referencia la localidad de El Mojón, Santiago del Estero.

Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y dictó medidas menos severas, considerando la situación económica de los acusados y la falta de pruebas sobre una intención dolosa.

Desde que el MPF implementó una política criminal contra las quemas, al menos diez personas fueron imputadas por delitos con penas de cumplimiento efectivo. Pese a ello, solo tres recibieron prisión preventiva, dos de ellos bajo arresto domiciliario. Las fiscalías aseguran que mantendrán la línea dura y seguirán solicitando preventivas.

De hecho, el domingo el ECIF intervino en un nuevo incendio en Cevil Pozo, a pocos kilómetros de la rotonda de Los Gutiérrez, que afectó una línea de alta tensión de Transnoa. Los peritos trabajan para identificar a los responsables.

En paralelo, avanzan las investigaciones contra al menos cuatro grandes productores cañeros —dos de ellos propietarios de ingenios— sospechados de permitir o incluso ordenar quemas en sus campos. Según la fiscal Rivadeneira, algunos habrían presentado denuncias de supuestos ataques incendiarios contra sus propiedades como maniobra preventiva para evitar sanciones penales. Llamativamente, esas denuncias se concentraron entre agosto y septiembre, los meses de mayor riesgo.

Las pesquisas también contemplan la posibilidad de que sean imputados por no implementar medidas de seguridad para evitar los siniestros, que se repiten año tras año en la provincia.