El Tribunal Oral Federal 2, bajo la dirección del juez Jorge Gorini, ha tomado una decisión crucial en relación a la causa Vialidad, un caso que ha capturado la atención del país en los últimos meses. En una jornada marcada por la expectativa, Gorini rechazó el pedido de detención inmediata formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado la inmediata ejecución de las penas impuestas a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros ocho condenados tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La Corte, en una resolución que dejó firmes todas las condenas, había establecido un plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten ante el tribunal ubicado en Comodoro Py, decisión que Gorini reafirmó al responder a la solicitud de los fiscales. "Estése a lo dispuesto en el día de ayer", fue la respuesta del magistrado, indicando que todos los condenados deben cumplir con la orden de presentarse, sin excepción, en la sede del tribunal. Este plazo, que culminará el próximo jueves a las 9:30 horas, se convierte en el momento decisivo para los involucrados en este caso. 

A pesar de la petición de algunos condenados que buscaron evitar la comparecencia física en el tribunal, alegando la posibilidad de notificarse de manera remota, el juez fue claro en su postura, subrayando la necesidad de que todos cumplan con la orden de presencia. 

La Fiscalía, por su parte, reitera la urgencia de que se concrete la detención de los culpables, argumentando que es fundamental para el cumplimiento de las penas dictadas y para la recuperación del monto defraudado. Este episodio en el ámbito judicial argentino no solo pone de relieve las tensiones políticas y judiciales en el país, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de figuras públicas y el sistema de justicia en su conjunto. A medida que se aproxima la fecha límite, la atención estará centrada en cómo se desarrollará este proceso y qué implicancias tendrá para todos los involucrados.