La Casa de Gobierno de Tucumán elevó de manera notable su reclamo contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Celestino Gelsi, conocido como el dique El Cadillal, al multiplicar por doce el monto exigido con el propósito de recuperar los fondos que la Provincia desembolsó para reparar la presa lateral N.º 3.

Originalmente, la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone había promovido un reclamo de 936 millones de pesos; ese monto fue ampliado hasta alcanzar 11.687 millones, cifra que podría sufrir nuevas actualizaciones conforme a certificados de redeterminación de obras, reportes por imprevistos y otros ítems que surjan hasta la finalización de los trabajos ejecutados por la unión temporal Sabavisa SA–Mercovial SA.

HTSA negó la obligación de afrontar los costos y cuestionó tanto la necesidad como la urgencia de la intervención. La compañía insistió en la petición de levantamiento de una medida cautelar que pesa sobre la misma: un embargo preventivo por 1.232 millones de pesos, compuesto por los gastos de la primera etapa de la obra y otros desembolsos vinculados a la reparación de la presa.

El expediente se inició en marzo de 2024, cuando la Provincia llevó el caso ante la Justicia Federal de Tucumán para reclamar la restitución de los fondos. Un año antes, mediante un decreto de necesidad y urgencia ratificado por la Legislatura, el Poder Ejecutivo había autorizado la contratación directa, con previo cotejo de precios, de la unión de empresas Sabavisa–Mercovial. En primera instancia la obra se había estimado en 688 millones de pesos, cifra que luego se incrementó por inspecciones técnicas y redeterminaciones, y que justificó —según el Ejecutivo— el desembolso realizado “para evitar la pérdida de vidas humanas y bienes”, por el riesgo sobre la seguridad pública y el abastecimiento de agua para la población y sectores productivos.

Tramitación y posiciones contrapuestas

En el curso del proceso, la causa sumó múltiples presentaciones y hasta una controversia sobre la competencia jurisdiccional: la empresa, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logró que el caso se traslade del Juzgado Federal de Tucumán al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 1, cuya titularidad está a cargo del juez Enrique Alonso Reguera.

El 9 de mayo pasado la Fiscalía de Estado formalizó la ampliación del reclamo, explicando que fue preciso ampliar la primera etapa de obra con una erogación adicional de 3.246 millones de pesos “a los fines de resguardar la seguridad de la presa”, y otra segunda etapa valuada en 6.998 millones. Sumados los honorarios por la inspección de los trabajos —equivalentes al 3% del total—, la suma reclamada alcanzó los 11.687 millones, sin perjuicio de futuras actualizaciones.

En su presentación de 247 páginas, el Ejecutivo sostuvo que la Provincia debió intervenir ante el incumplimiento de HTSA en la toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento, auscultación, medición y diagnóstico del estado de la presa, a pesar de la continuidad en la explotación del embalse durante 27 años desde 1996. Acompañaron la ampliación informes técnicos que, según la Fiscalía, acreditan la importancia y la “premura” de la obra para mitigar el riesgo de colapso.

Por su parte, la empresa, representada por el abogado Fabián Estanislao López Moras, rechazó las pretensiones estatales. Sostuvo que en las auditorías externas realizadas desde 1999 nunca se imputó a HTSA responsabilidad por el deterioro de la presa lateral N.º 3 y que, en esos informes, la actuación de la concesionaria fue calificada de “muy buena” o “satisfactoria”. Adujo además que los asentamientos que motivaron la reparación se originan en defectos constructivos previos a la concesión, por lo que no corresponde atribuir culpa o negligencia a la empresa, y cuestionó la urgencia y los procedimientos administrativos adoptados por la Provincia.

El Estado nacional, citado como tercero interviniente tras un planteo de la concesionaria, rechazó también que las arcas federales deban afrontar los costos de la obra. En el escrito, rubricado por la abogada Karina De Matteo, se señaló que la lectura del contrato de concesión evidencia la responsabilidad de la concesionaria respecto del problema planteado.

Fase procesal y clima del litigio

Por pedido de la Fiscalía de Estado, el juez Alonso Reguera abrió el período para que las partes ofrezcan pruebas durante 40 días. En paralelo, tramitaban incidentes en los que la empresa solicitó el levantamiento del embargo sobre los fondos transferidos por Cammesa, pedido que no prosperó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo del fuero federal.

El litigio presenta, por tanto, una trama compleja: cuestiones de competencia, informes técnicos contrapuestos, ampliaciones de montos y medidas cautelares vigentes. La Provincia manifestó su decisión de llevar la disputa hasta las últimas instancias para recuperar los fondos invertidos en la recuperación del dique El Cadillal, en un contexto en el que la concesión vence en julio de 2026, factor que añade presión temporal al conflicto.