La Justicia Federal de Tucumán dictó un fallo histórico en defensa de las personas con discapacidad: ordenó restituir de manera inmediata las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas en la provincia. En su resolución, el juez José Manuel Díaz Vélez sostuvo que los recortes impulsados por la Agencia Nacional de Discapacidad implicaban un retroceso en derechos fundamentales, con “un perjuicio indudable” para un colectivo hipervulnerable.

Asi, el juez hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos, junto con la Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental (Frasim). La demanda buscaba frenar la suspensión masiva de pensiones no contributivas por invalidez laboral dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El magistrado ordenó a la Andis “dejar sin efecto las suspensiones operadas en las pensiones no contributivas por incapacidad laboral (…) y reanudar el pago de las mismas, con la cobertura de salud correspondiente, y en los casos que corresponda, liberar los fondos depositados en las entidades bancarias”. La medida alcanza a todos los beneficiarios de Tucumán afectados por auditorías implementadas desde mediados de 2024.

Díaz Vélez,  además advirtió que la suspensión de estos beneficios de carácter alimentario podrían ocasionar “un daño irreparable”.

La sentencia fue especialmente crítica con la forma en que se implementaron las suspensiones: notificaciones defectuosas, auditorías médicas irregulares y ausencia de instancias de defensa. “Tal proceder coloca a los beneficiarios en una situación de extrema vulnerabilidad, afectando su nivel de vida y conculcando derechos humanos esenciales vinculados a la subsistencia”, sostuvo Díaz Vélez.

Asimismo, el juez recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con jerarquía constitucional en Argentina- obliga al Estado a garantizar inclusión y apoyos adecuados. Y reforzó la idea de que ninguna autoridad puede utilizar mecanismos administrativos para recortar de manera automática prestaciones que constituyen la única fuente de sustento de miles de personas y familias. / La Gaceta