Salta legalizó a Uber y hay reclamo de taxistas
La legalización de la aplicación desencadenó la movilización de taxistas y remiseros frente a la Casa de Gobierno; ellos exigieron medidas que garanticen igualdad de condiciones y soluciones ante la competencia planteada por la plataforma.

Una multitud de taxistas y remiseros se congregó en el Parque de San Martín y marchó hasta la Casa de Gobierno en Grand Bourg. La movilización, que bloqueó la entrada principal del centro gubernamental, tenía un reclamo claro: la legalización de plataformas como Uber en la provincia y una respuesta frente a lo que los trabajadores califican como una crisis del transporte impropia. Los manifestantes sostuvieron que su sector atraviesa una situación económica crítica y denunciaron el incumplimiento de normativas locales. “Una ordenanza creada que no se cumple y que solamente vino a perjudicar, a convertir en una anarquía todo lo que es el sistema de transporte”, afirmó uno de los presentes, que explicó además que la protesta busca visibilizar una problemática que, según él, no fue atendida pese a pedidos formales de audiencia con el gobernador.
La tensión se acrecentó por choques verbales con agentes policiales en el lugar. Los trabajadores relataron que recibieron comentarios despectivos por parte de uniformados y criticaron la falta de gestos de diálogo por parte de autoridades municipales y provinciales: “El sueldo de ellos lo pagamos todos, todos lo pagamos con los impuestos. Entonces por lo menos esa agenda no tiene que dar lugar para recibirnos”, señaló uno de los manifestantes.
En el centro de los reclamos está la competencia de las aplicaciones de transporte. Los conductores señalaron que, mientras deben cumplir con verificaciones anuales, pagar impuestos y sostener una estructura laboral —con empleados y servicios regulados—, las plataformas y los vehículos informales operan sin controles, lo que golpea sus ingresos. “Nos está obligando a que nosotros tengamos que hacer la verificación anual, mientras Uber corre por todos lados. Nosotros, entre taxis y remises, somos 3.800. 15.000 a 20.000 son los autos ilegales, que le han quitado el trabajo al taxista, al remisero, que es realmente el profesional”, dijo uno de los manifestantes.
También se plantearon cuestionamientos sobre la seguridad y la informalidad laboral: manifestantes advirtieron que muchos jóvenes dejan estudios o empleos estables para sumarse a la actividad informal porque les asegura ingresos inmediatos, aunque —afirmaron— con mayores riesgos para pasajeros y conductores. Ante la falta de una respuesta formal de la Casa de Gobierno, los manifestantes amenazaron con endurecer su protesta y cortar el acceso a Grand Bourg y otras calles del centro en las próximas horas si no son recibidos.
Hasta el momento, las autoridades no emitieron una declaración oficial que satisfaga las demandas de la movilización. La jornada dejó en evidencia la tensión entre un sector regulado del transporte y modelos de prestación que, según los conductores, operan fuera del marco normativo, con impacto directo en el empleo y la seguridad vial.