El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la apertura de una investigación penal tras la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo por una presunta operación de inteligencia ilegal que habría incluido la grabación y difusión de conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El planteo fiscal incorpora, sin embargo, una salvedad central: la pesquisa no podrá indagar en las fuentes periodísticas ni en la inviolabilidad del domicilio de periodistas sin la correspondiente orden judicial fundada, por cuanto tales garantías están amparadas por el mandato constitucional.

Stornelli precisó que esta restricción no impide que cualquier persona, de forma voluntaria, aporte elementos que considere relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En su exposición, el fiscal respondió a un pedido del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien solicitó medidas contra el canal de streaming denominado Carnaval —que publicó audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente— y requirió la requisa de domicilios de periodistas vinculados a esas transmisiones, así como de empresarios con presunta participación accionaria en el medio.

El dictamen releva los ejes de la denuncia: se imputan hechos consistentes en la captación y obtención ilegítima de comunicaciones privadas, la posterior edición y manipulación de esos audios y su difusión clandestina. Según el Poder Ejecutivo, la reproducción y amplificación de los materiales a través de redes sociales y medios de prensa habría tenido el propósito de desprestigiar al gobierno, influir en la opinión pública, sembrar desinformación, afectar indicadores económicos y condicionar el escenario electoral de las próximas legislativas, hasta llegar a una eventual búsqueda de desestabilización política o incluso con ánimo destituyente.

La denuncia, además, plantea que la maniobra sería parte de una trama más amplia que involucraría a sectores de la oposición —identificados en el escrito como kirchnerismo— en una campaña de desinformación dirigida a remover al gobierno, y que algunos periodistas habrían presionado o chantajeado a funcionarios objeto de grabaciones ilegales. El relato sugiere que la operación no se limitó a los audios de Milei, sino que habría comenzado con grabaciones sobre otro funcionario público y se habría extendido a múltiples objetivos, incluidos espacios bajo jurisdicción exclusiva del Estado nacional. Con base en esos elementos, Stornelli infiere la competencia del fuero federal y la posible ilicitud de las grabaciones, que a su juicio habrían sido difundidas de manera dolosa y clandestina.

En su requerimiento, el fiscal solicita que el juzgado investigue la existencia de delitos vinculados a la captación, manipulación y divulgación de comunicaciones privadas y determine responsabilidades, respetando en todo momento las garantías constitucionales que protegen las fuentes periodísticas y la inviolabilidad del domicilio, salvo orden judicial válida. El planteo abre un rumbo procesal que deberá dirimirse en sede judicial: corresponderá ahora al juez competente analizar el dictamen fiscal, resolver sobre las medidas solicitadas y delimitar el alcance de la investigación, en particular respecto de la protección de derechos constitucionales y de las pruebas que puedan aportarse para esclarecer si efectivamente existió una operación de inteligencia ilegal y quiénes resultaron responsables.