La situación actual de la tarifa de luz en Argentina ha adquirido una relevancia notable, tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial. La dificultad de afrontar estos costos se ha vuelto evidente para muchos ciudadanos y negocios, lo que ha llevado al Gobierno nacional a tomar medidas a través del decreto 370/2025. Este decreto prorrogó la emergencia energética, una decisión que tiene como finalidad frenar la eliminación de subsidios y continuar con el proceso de segmentación que se inició en 2022. 

El contexto de la emergencia energética se expande hasta el 9 de julio de 2026, abarcando los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como el transporte y distribución de gas natural bajo jurisdicción federal. 

Esta medida responde a la necesidad de implementar ajustes en las tarifas, que se realizarán de manera trimestral en función de la inflación, buscando así una mayor estabilidad en el costo de los servicios. La prórroga de la emergencia energética también implica que los entes reguladores seguirán bajo intervención. La Secretaría de Energía mantendrá la potestad de establecer resoluciones que permitan rediseñar el régimen de subsidios y determinar nuevos mecanismos de asignación directa a los usuarios. 

Este enfoque busca facilitar la transición hacia subsidios más focalizados, un proceso que se había estipulado para concluir en julio de este año, pero que se ha extendido debido a la imposibilidad de avanzar con los trámites legislativos necesarios en el marco de la emergencia previa. Así, el decreto 370/2025 se presenta como una respuesta a las complicaciones que enfrenta el sector energético, buscando equilibrar las necesidades de los usuarios con las realidades económicas del país. La continuidad de la emergencia energética permite al Gobierno argentino gestionar de manera más eficaz la crisis, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de los subsidios y la efectividad de los mecanismos que se implementen en el futuro. 

En resumen, la situación energética en Argentina se encuentra en una fase de transición, con la mirada puesta en un rediseño que garantice tanto el acceso a servicios básicos como la viabilidad económica del sistema.