El ex presidente Alberto Fernández se presentó ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa conocida como "seguros". Durante un periodo aproximado de dos horas, el ex mandatario respondió a diversas preguntas, intentando ofrecer aclaraciones sobre las facturas emitidas a favor del corredor de seguros Héctor Martínez Sosa a lo largo de una década. Este proceso se encuentra en el marco de un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que ha sido dirigido por el funcionario Diego Velasco. 

De acuerdo con la información que se ha hecho pública, Fernández facturó a la pareja de su histórica secretaria entre los años 2010 y 2019, por supuestos servicios profesionales. La última de estas facturas fue emitida el 6 de diciembre de 2019, tan solo cuatro días antes de que asumiera la presidencia. El informe de PROCELAC resalta un vínculo comercial sostenido y constante entre el ex presidente y la empresa de Martínez Sosa durante más de nueve años, con un total acumulado de $4.257.000 en facturación. El año que se destaca por tener la mayor facturación es el 2019, con un monto de $1.422.000. 

En su declaración, se señala que Martínez Sosa SA realizó retenciones impositivas correspondientes a los conceptos de Impuesto a las Ganancias por locación de obra y/o servicios, así como Impuesto a las Ganancias por su desempeño como síndico o director de sociedades anónimas. En respuesta a las inquietudes planteadas, Fernández argumentó que las facturas estaban relacionadas a la elaboración de un informe sobre la coyuntura política y económica, el cual era producido para varios clientes, no limitándose únicamente a Martínez Sosa. 

Es relevante mencionar que el ex presidente no solo había sido indagado recientemente, sino que ya había comparecido en noviembre de 2024, cuando la causa estaba bajo la supervisión de Julián Ercolini. En esa ocasión, su intervención se limitó a responder preguntas formuladas por su abogada, Mariana Barbitta, además de presentar un escrito en el que defendía el decreto 823, el cual modificó el sistema de coaseguro y otorgó exclusividad a Nación Seguros en el sector. En su defensa, Fernández sostuvo que la participación de intermediarios en las pólizas de seguros no implicaba un gasto del erario público, y enfatizó que las comisiones se habían limitado al 10% como resultado de decisiones administrativas internas de Nación Seguros. 

Por último, el ex presidente buscó distanciarse de los corredores de seguros, afirmando que, si se consultara a los actores del sector sobre su figura como superintendente, muchos lo identificarían como un adversario de los productores de seguros. Este complejo entramado de relaciones comerciales y decisiones administrativas ha llevado a una serie de interrogantes y especulaciones sobre la gestión de Fernández en el ámbito de los seguros durante su mandato, así como sobre el impacto de estas acciones en su carrera política.