El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Humberto Saravia, presentó ante la Justicia Federal una denuncia penal contra los directivos de Transnoa.

El organismo provincial acusó al directorio de la transportista de incumplir de modo sistemático y doloso sus obligaciones contractuales, desinvertir en infraestructura y poner en riesgo la vida y la salud de los usuarios del servicio. La presentación, que ingresó ayer a la Unidad Fiscal Federal de Salta, alcanzaría también a funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por incumplimiento de los deberes de control y la indolencia mostrada ante sucesivas denuncias administrativas elevadas desde el Enresp.

Saravia solicitó a la Unidad Fiscal que encabeza Eduardo Villalba la apertura de una investigación penal por la posible comisión de los delitos de defraudación, malversación, enriquecimiento ilícito, entorpecimiento de los servicios públicos, abandono de personas e incumplimiento de deberes. Sobre este último tipo penal, hizo notar que hay sentada jurisprudencia que encuadra a directivos de concesionarias de servicios esenciales en la categoría de funcionarios cuando desempeñan una función de interés público o gestionan recursos del Estado. Por el momento, la acusación tiene a seis directores de Transnoa apuntados: Diego Héctor Castro (presidente), Melitón Eugenio López (vicepresidente), Carlos Alberto Nicora, Fernando Oscar Rozas, Raúl Fernando Córdoba, Vanina Barbieri, Marcelo Oscar Mehl, Jorge Alberto Anselmi y Juan Ignacio Romano. La lista podría reducirse o ampliarse, en función de las responsabilidades que establezca la investigación federal requerida.

Los hechos denunciados

El Enresp sostiene que Transnoa ha venido incumpliendo dolosamente el contrato de concesión firmado con el Estado Nacional, al no realizar las inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de transporte eléctrico que abarca a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Según el organismo provincial, la empresa "recauda de los usuarios salteños importantes sumas de dinero a través de la tarifa eléctrica", pero "no destina esos fondos a la operación, mantenimiento ni mejora de la infraestructura concesionada".

El escrito judicial precisa que en los últimos doce meses, Edesa -que como distribuidora del servicio tiene a su cargo el traslado de los costos del transporte en la factura de los usuarios- recaudó y transfirió a Transnoa $24.765 millones en concepto de tarifa de transporte eléctrico en alta tensión. El monto representa un 5% del total de cada factura eléctrica.

El Enresp denunció que, pese los fondos que recibe, la transportista "carece de cuadrillas propias, grúas y materiales básicos para atender emergencias", lo que deriva en cortes prolongados y recurrentes. Ante el desentendimiento sistemático de Transnoa, la distribuidora del servicio termina "asumiendo los costos y las tareas de reparación", lo que configura -según el escrito- una maniobra de "fraude por desbaratamiento de los derechos acordados" y un "enriquecimiento ilícito" de la empresa denunciada.

El organismo provincial también responsabilizó al ENRE de desentenderse de su deber de fiscalización y control sobre la transportista. "En 28 años de concesión, y en los últimos cuatro años especialmente, no se han realizado inspecciones ni auditorías en las instalaciones que Transnoa tiene en Salta", sostiene el texto. También remarca que los incidentes denunciados ante el ente nacional caen en saco roto o, en el mejor de los casos, se resuelven con sanciones económicas irrisorias.

La presentación penal describe con detalles en 57 carillas los incidentes atribuidos a la conducta negligente y dolosa con la que la trasportista frustra obligaciones establecidas en su contrato de concesión, cobrando la tarifa plena, pero sin invertir en mantenimiento ni reponer equipos averiados. "La empresa percibe los fondos y los desvía de su destino legal, en perjuicio de los usuarios y del Estado Nacional", recalca el escrito.

Así, la omisión de inversiones y la falta de logística para operar el sistema de transporte eléctrico se traducen en afectaciones directas y reiteradas al servicio público de electricidad y otros esenciales como el agua potable (porque las bombas de los pozos quedan sin energía) y las comunicaciones.

"Las demoras de horas o días en restablecer el servicio ponen en riesgo a miles de personas, incluidas las electrodependientes", subraya el texto, que advierte que la conducta de los directivos de Transnoa "pone en peligro la vida y la salud de los usuarios más vulnerables", especialmente de quienes dependen de equipos médicos eléctricos o viven en zonas con temperaturas extremas.

Sin control

La denuncia subraya que el ENRE, autoridad creada por la Ley 24.065 para fiscalizar concesiones nacionales entre las que se incluyen las del transporte de energía eléctrica, ha fallado en su obligación de controlar la prestación del servicio y aplicar sanciones efectivas". En este punto, advierte que "la carencia de auditorías y la falta de inspecciones presenciales en las dependencias de Transnoa en Salta" reflejan una "negligencia estructural del organismo nacional".

El escrito ingresado a la Unidad Fiscal Federa de Salta cita datos del propio ente nacional: entre 2012 y 2022, "las sanciones impuestas a Transnoa sumaron apenas $30 millones", pese a los reiterados cortes e incumplimientos denunciados en perjuicio de infinidad de usuarios a lo largo y ancho de la provincia.

En 2022, la transportista recibió cargos por calidad de servicio por $35 millones, una cifra mínima frente a los más de $24.000 millones que percibe por tarifa, de acuerdo con el monto anual actualizado a los valores actuales.

Para el Ente provincial, esas cifras demuestran que el "régimen sancionatorio nacional resulta “benévolo e ineficaz”./ El Tribuno