El 1 de diciembre de 2001, el Presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto 1570, un paquete de medidas ideado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo: el corralito, que desembocaría -días después- en la mayor catástrofe económica, financiera, institucional y social de la historia argentina reciente.

La noche posterior, ante un nerviosismo creciente y un descontento social que empezaba a transformarse en un aluvión imparable, Cavallo comunicó por cadena nacional los alcances de la iniciativa que ya había sido reflejada en las tapas de los diarios del domingo. El “corralito” iba a tener, según los planes iniciales, una vigencia de 90 días.

“El dinero es suyo, sigue estando ahí. Sigue rindiendo el interés que usted pactó con el banco. Lo puede transformar de pesos a dólares sin ningún costo. Lo puede usar como usted quiera. La única limitación es que podrá extraer en efectivo, en billetes o monedas, hasta 250 pesos por semana”, dijo Cavallo.

Además de la restricción sobre el retiro de efectivo de los bancos, el saldo de las cuentas solo podía ser utilizado a través de tarjetas de crédito y débito, cheques y transferencias.

El objetivo de la medida era impedir un quiebre masivo de los bancos mediante la aplicación de un cepo a la salida de depósitos del sistema financiero, que en los primeros 11 meses de 2001 ascendía a 18.000 millones de pesos o dólares, en un escenario marcado por una convertibilidad ya herida de muerte.

Tras el caos del 19 y 20 de diciembre y las renuncias de Cavallo y De la Rúa, el tiro de gracia a la convertibilidad llegaría el 6 de enero de 2002, con la sanción de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.

El “corralito” se transformaría en “corralón” cuando Eduardo Duhalde, sucesor de De la Rúa y ya con Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía, congeló los depósitos en plazo fijos y cajas de ahorros en pesos y en dólares.

La medida se mantuvo en vigencia por un año. En este contexto de restricciones de depósitos, los ahorristas comenzaron a organizarse y hubo un aluvión de recursos de amparo para poder disponer libremente de ellos. En todo 2002, un total de 13.612 millones de pesos fue extraído del sistema bancario a partir de estos procedimientos.