El Gobierno de España piensa impedir que su selección juegue el Mundial 2026 si clasifica Israel
El Consejo Superior de Deportes (CSD) podría basarse en la actual Ley del Deporte, que le otorga dicha potestad siempre que exista un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La posible exclusión de la Selección española del Mundial de Fútbol 2026 abrió un debate público en España tras declaraciones de miembros del Gobierno y del PSOE que advierten sobre la posibilidad de impedir la participación si Israel logra su plaza.
La controversia surge porque la vigente Ley del Deporte otorga al Consejo Superior de Deportes (CSD), con conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la potestad de autorizar o denegar la participación de selecciones nacionales en competiciones internacionales, según el artículo 14.o). Esta facultad legal es el fundamento técnico que se invoca para plantear una medida sin precedentes en el fútbol español.
La postura oficial, confirmada en diversas intervenciones públicas, mantiene un tono de decisión condicionada: "Lo valoraremos en su momento", afirmó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, y agregó que solicitarán a los organismos internacionales que Israel no participe. López justificó su posición en términos políticos y humanitarios y subrayó que "callar es complicidad" respecto de las acciones del Gobierno israelí en Gaza, al tiempo que comparó diferentes tratamientos internacionales a banderas y selecciones.
La posible aplicación de esta medida afectaría directamente a la Selección mayor, que compite actualmente en las Eliminatorias de la UEFA con la mira puesta en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Fuentes deportivas advierten que una decisión de ese tipo tendría implicancias deportivas, jurídicas y diplomáticas: además del impacto en jugadores y cuerpo técnico, requeriría coordinación con organismos internacionales como la FIFA y la UEFA, y podría generar recursos legales por parte de federaciones y organizaciones del fútbol.
A nivel local, la noticia genera inquietud entre aficionados y autoridades deportivas por las consecuencias para la afición y para la planificación de la próxima cita mundialista. Mientras se aguarda una definición oficial, el Gobierno señala que cualquier resolución se adoptará "previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores" y en función de criterios políticos y legales que aún deben precisarse.