Alerta empresarial: el transporte público, al borde del colapso en la capital tucumana
Aetat niega haber pedido un aumento de tarifas y propone, en cambio, que el municipio implemente un sistema de pago por kilómetro recorrido, como el usado en Salta, Mendoza y Córdoba.
En medio de una crisis económica generalizada, los empresarios del transporte público de Tucumán elevaron la semana pasada una nota a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en la que describen la situación del sector como «extrema emergencia» y advierten sobre una posible parálisis inminente del servicio.
La carta, firmada por el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), Daniel Orell, comienza con un diagnóstico sin ambages: la demanda de pasajeros cayó significativamente y, lejos de recuperarse, la situación se profundizó hasta alcanzar niveles críticos. Ese derrumbe, explican los empresarios, tiene múltiples causas que confluyen y que, en su conjunto, colocan a las empresas en el límite de su operatividad.
Entre los factores que enumeran aparecen la difícil coyuntura económica que afecta a la población y al comercio, el cierre de fuentes de trabajo, la extensión del teletrabajo, que reduce los desplazamientos diarios, y la proliferación de medios alternativos de transporte —legales e ilegales— con costos más bajos. Los empresarios también reconocen problemas en la calidad del servicio prestado, aunque atribuyen su persistencia, en buena medida, a la ausencia de políticas públicas de transporte municipal en los últimos quince años.
En la misiva, los referentes del sector puntualizan el impacto de la creciente presencia de motos y vehículos particulares, que, además de ofrecer alternativas más baratas, contribuyen a la congestión del tránsito. Pese a la gravedad del cuadro, Aetat aclaró que no es su intención, por ahora, reclamar un aumento de la tarifa urbana, que hoy se ubica en 950 pesos: «No pedimos tarifa porque sería seguir expulsando usuarios del sistema», sostienen. En cambio, proponen redefinir la forma de financiamiento del servicio.
Como alternativa, plantean avanzar hacia un esquema en el que el municipio contrate a las empresas y las remunere por kilómetro recorrido. Citan como ejemplo los sistemas aplicados en Salta, Mendoza y, recientemente, en la ciudad de Córdoba, donde ese modelo permitiría al municipio fijar la tarifa y administrar las gratuidades, mientras que las empresas se limitarían a cumplir con requisitos de frecuencia, condiciones de servicio, antigüedad y calidad de las unidades.
El reclamo de Aetat combina la descripción de una emergencia económica con una propuesta técnica concreta: transferencia de la financiación desde la demanda hacia un contrato por prestación de servicio. Esa alternativa, aseguran, puede otorgar previsibilidad a las empresas y, al mismo tiempo, permitir mayor control municipal sobre la tarifa y las políticas sociales vinculadas al transporte.
La nota llega en un contexto más amplio, donde la sostenibilidad del transporte público se debate en muchas ciudades del país: el equilibrio entre tarifas accesibles, subsidios públicos y la rentabilidad de los operadores rara vez es sencillo. En Tucumán, por ahora, la advertencia empresarial abrió el paraguas sobre un presente tenso y una agenda inevitable para las autoridades locales: definir fuentes de financiamiento, priorizar inversiones y diseñar políticas que eviten el deterioro del servicio o su paralización.