La controversia sobre la quema de cañaverales reapareció en la agenda pública con un contexto agravado: una crisis de precios del azúcar que amenaza la continuidad de pequeños productores. El debate, que combina cuestiones ambientales, de salud pública y de viabilidad económica, vuelve a poner en tensión a distintos actores del sector.

Amado Daruich, vicepresidente de la Asociación Cañeros Unidos del Este, expresó a La Gaceta una postura crítica respecto de la práctica de quemar caña. Señaló que la mayoría de los productores emplea sistemas mecanizados que aprovechan el rastrojo como cobertura del suelo, con beneficios agronómicos evidentes: reducción de plagas, conservación de la humedad y protección frente a la erosión. Según Daruich, apenas un porcentaje reducido —estimado por él en menos del 10%— continúa con la cosecha manual y recurre a la quema, principalmente por limitaciones económicas que impiden la modernización de la cosecha.

El dirigente también relativizó la noción de que todas las quemas provengan del sector cañero. Puso como ejemplo incendios en pajonales cuya autoría es incierta, y mencionó la posibilidad de negligencias humanas como cigarrillos mal apagados. Esta observación introduce una dimensión importante al debate público: la atribución de responsabilidad por los focos ígneos no siempre es directa ni exclusiva del productor cañero, pero los efectos recaen sobre ellos en términos de sanciones y estigmatización.

No obstante, la preocupación central que describió Daruich es de orden económico. Explicó que el deterioro de la relación entre el precio del azúcar y los costos de producción genera una presión insostenible. A modo ilustrativo, indicó que hoy un productor necesita el equivalente a dos bolsas y media de azúcar para adquirir una bolsa de fertilizante; y que hay casos en los que, una vez descontados cosecha y flete, la producción efectiva llega a 18 kilos de azúcar por tonelada, una cifra que vuelve inviable la explotación. En ese contexto, la amenaza de cierres de pequeños establecimientos resulta concreta.

Otro aspecto señalado por el referente cañero es la posibilidad de importar azúcar desde Brasil como medida que, según su análisis, podría agravar la caída de precios internos. Daruich sostuvo que la sola posibilidad de ingreso de producto extranjero puede ser utilizada para presionar a la baja las ofertas de compra, aun cuando el precio brasileño no necesariamente sea inferior al nacional. Así, además de las variables de mercado, se suman factores de expectativa y negociación que afectan el ingreso de los productores.

La combinación de factores —precios bajos, incremento de insumos y combustibles, y sanciones aplicadas a productores afectados por incendios— configura, en opinión del dirigente, un escenario límite. Puso énfasis en la dinámica perversa que se desencadena cuando una parte de la finca se incendia y la caña resultante no es recibida por el ingenio, lo que implica pérdidas adicionales cercanas al 20% y que, en su evaluación, pueden llevar a la quiebra a más de un productor.

El cuadro que describe Daruich obliga a considerar varias aristas: la necesidad de políticas públicas que acompañen procesos de modernización de la cosecha y mitiguen el costo de la reconversión tecnológica; mecanismos de compensación o seguro que protejan a los pequeños productores frente a pérdidas por incendios; y un marco regulatorio y de fiscalización que distinga entre quemas vinculadas a prácticas productivas y focos de origen incierto o negligente. Asimismo, el diálogo entre productores, ingenios, gobiernos provinciales y nacionales, y organizaciones ambientales resulta imprescindible para construir soluciones que armonicen sustentabilidad ambiental y viabilidad económica.

En síntesis, el debate sobre la quema de caña no puede separarse de la crisis de precios que atraviesa al sector. La discusión pública requiere un análisis integral que aborde tanto las prácticas de manejo del cultivo como las condiciones de mercado y las políticas de apoyo, con el fin de evitar el cierre de unidades productivas y mitigar impactos ambientales y sociales.