Este miércoles, Celulosa Argentina, una empresa con más de un siglo de trayectoria en el sector papelero, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sus plantas ubicadas en Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, y Zárate, en Buenos Aires, se encuentran completamente inactivas. Actualmente, las instalaciones solo realizan tareas de mantenimiento menor con un número reducido de personal que no se encuentra de licencia. Esta decisión ha sido atribuida al "marcado deterioro del capital de trabajo" que enfrenta la compañía, situándose en uno de los momentos de crisis más severos de su historia. 

La empresa, que está bajo el control de Tapebicuá Investment Company, vinculada a José Urtubey, Juan Collado y el inversor estadounidense Douglas Albrecht, ha estado lidiando con desequilibrios operativos y financieros durante varios meses. En mayo, Celulosa Argentina entró en default, lo que llevó a la presentación en junio de una propuesta de reestructuración de deuda que asciende a 128 millones de dólares, la cual hasta el momento no ha logrado concretarse. La situación se agravó en julio, cuando uno de sus principales acreedores solicitó la quiebra de la compañía. 

El deterioro financiero de Celulosa comenzó a intensificarse en abril, cuando la empresa contrató a la consultora VALO Columbus con el objetivo de diseñar un plan de reestructuración. Apenas días después, la compañía comunicó su incapacidad para afrontar los vencimientos de mayo en cheques y obligaciones negociables. A finales de junio, Celulosa acumulaba compromisos financieros que ascendían a 25 millones de dólares, con más del 56% de su deuda a corto plazo y balances negativos. En su último reporte financiero, la compañía reportó una pérdida de 38.769 millones de pesos para los nueve meses cerrados en febrero, además de una caída notable en el EBITDA, que se redujo a 3,5 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a los 55 millones de dólares del año anterior. 

El impacto en las ventas internas también ha sido significativo, con una caída del 32% interanual en toneladas. Aunque las exportaciones mostraron un aumento, este se ha traducido en una menor rentabilidad. En este contexto, a inicios de junio, Celulosa formalizó ante la CNV su propuesta para refinanciar la deuda, que incluye la postergación de pagos de capital por dos años, intereses del 3% en dólares y del 5% en pesos, así como la subordinación del cobro de 21 millones de dólares por parte del accionista mayoritario. En el caso de que no se logre un acuerdo, la compañía ha manifestado su intención de avanzar hacia un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) judicializado. 

A mediados de julio, la situación se tornó más compleja cuando Tecmaco Integral, uno de los principales acreedores, presentó un pedido de quiebra ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 de San Lorenzo, Santa Fe. Celulosa tenía hasta el 21 de julio, tras la feria judicial, para responder a esta demanda, pero hasta el momento no ha emitido ninguna respuesta pública al respecto. Mientras tanto, la fecha límite que la empresa había establecido para cerrar su plan de reestructuración de deuda era el 31 de julio, aunque aún no se ha confirmado oficialmente que se haya alcanzado el nivel de adhesión necesario por parte de los acreedores. 

Celulosa Argentina ha señalado que continúa en la búsqueda de nuevos socios o inversores que puedan inyectar capital en la empresa. Sin embargo, en este contexto de incertidumbre, las plantas clave de producción permanecen detenidas, y la compañía enfrenta un panorama judicial, operativo y financiero que pone en riesgo su continuidad. Como antecedente preocupante, Celulosa ya había cerrado su aserradero San Charbel en Garruchos, Corrientes, en septiembre pasado, lo que incluyó despidos. La posibilidad de una paralización total y sostenida de sus operaciones se ha convertido en una realidad inminente, mientras la papelera lucha por evitar un colapso que parece avanzar de manera inexorable.