Celulosa solicita concurso para evitar la quiebra; puestos en Capitán Bermúdez, amenazados

Celulosa Argentina, la histórica empresa papelera fundada en 1929, atraviesa una crisis que pone en jaque su continuidad operativa y el futuro de sus trabajadores. Controlada por Tapebicuá Investment Company y con plantas en Capitán Bermúdez (Santa Fe), Zárate (Buenos Aires) y en la provincia de Corrientes, la firma informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la presentación de un pedido de ingreso en concurso preventivo de acreedores con el objetivo explícito de evitar la quiebra definitiva y ganar tiempo para renegociar sus compromisos financieros en medio de una caída de ingresos sin precedentes.

El balance que motivó la medida expone la magnitud del deterioro: para el semestre cerrado al 31 de mayo la compañía registró pérdidas integrales por $172.634 millones, cuando en el mismo período de 2024 había mostrado una ganancia de $37.831 millones. Esa variación dramatizó el cuadro operativo y obligó a la paralización de las plantas industriales de Capitán Bermúdez y Zárate, inactivas desde fines de julio.

La filial correntina, Forestadora Tapebicuá, también interrumpió su producción por tiempo indeterminado, afectando a más de 500 trabajadores y provocando la puesta en marcha de subsidios de emergencia por parte del gobierno provincial. La explicación económica es clara: las ventas se hundieron.

La facturación cayó un 44% hasta $258.637 millones, con una reducción del 52% en las ventas totales respecto de 2024. En el mercado interno las toneladas vendidas retrocedieron 32%, mientras que las exportaciones crecieron 104% en volumen pero con márgenes mucho más bajos. El resultado fue un margen bruto de -17% y un margen operativo de -31%, cifras que reflejan una rentabilidad negativa que impidió sostener la operación con la liquidez disponible.

El impacto se extendió a las subsidiarias del grupo. Fanapel, dedicada a papeles de impresión y escritura, facturó $19.525 millones, un 18% menos que el año anterior. Forestadora Tapebicuá sufrió una caída del 48% en sus ingresos, atribuida a la desaceleración de la construcción y a la falta de acceso a financiamiento; su producción está paralizada por ausencia de capital de trabajo. En total, el grupo emplea alrededor de 1.500 personas cuyos puestos corren serio riesgo mientras avance el proceso concursal.

El entorno macroeconómico y financiero agravó la situación. Según la empresa, los defaults de otras agroindustriales y la incertidumbre en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aumentaron la percepción de riesgo entre acreedores, lo que se tradujo en una aceleración de cobros por parte de bancos y proveedores y en el corte abrupto de líneas de crédito comerciales y financieras. Aunque el accionista mayoritario realizó aportes extraordinarios por US$7,6 millones, no fue suficiente para cumplir con las obligaciones y la compañía debió notificar la suspensión de pagos ante la CNV.

Celulosa Argentina no es una firma cualquiera: con casi un siglo de historia, fue durante décadas un emblema de la industria papelera nacional y una presencia relevante en la Bolsa de Comercio. La posibilidad de su quiebra por primera vez en su trayectoria despierta alarma en el sector industrial y entre los sindicatos. Para los gremios, el concurso preventivo no asegura la preservación de las fuentes de trabajo; la definición del futuro dependerá de la negociación con acreedores, de la eventual llegada de inversores y de la concreción de un plan que garantice la continuidad productiva.

El caso abre además un debate más amplio sobre el rol de las políticas públicas frente a la crisis industrial: la combinación de caída de demanda interna, apertura a importaciones, escasez de financiamiento y aumento del costo de capital golpea con particular dureza a empresas intensivas en mano de obra y en infraestructura. En ese marco, la situación de Celulosa Argentina coloca en primer plano la necesidad de decisiones que permitan mitigar el impacto social —sobre todo para los casi 1.500 trabajadores afectados— y preservar capacidades industriales estratégicas para el país.

Mientras avanza el trámite concursal, la expectativa se concentra en las negociaciones entre la empresa y sus acreedores, en la búsqueda de nuevos inversores y en la posibilidad de medidas públicas que faciliten la reactivación. La resolución de este episodio delineará no sólo el destino de una empresa centenaria, sino también la sensibilidad del entramado productivo argentino ante crisis prolongadas de demanda, financiamiento y competitividad.