Cerró empresa líder en pisos cerámicos: aumenta el conflicto por 300 despidos
La paralización de la fábrica hace un mes reavivó reclamos laborales y, pese a las gestiones intensificadas del sector sindical para revertir el cese de actividades y la pérdida de empleos, la nueva audiencia celebrada hoy no logró un acuerdo.
La decisión de la planta de pisos cerámicos Ilva en Pilar de cesar su actividad a comienzos de septiembre abrió una crisis laboral que aún permanece sin resolución. Afectada por la coyuntura macroeconómica —con caída del consumo interno, aumento de costos y apertura de importaciones—, la planta suspendió su producción y dejó a más de 300 trabajadores sin empleo, cuya principal demanda hoy es el cobro de indemnizaciones adeudadas.
La situación motivó la intervención de gremios, autoridades provinciales y movimientos de protesta. A pesar de la convocatoria a una conciliación obligatoria, que vence mañana, no hubo acuerdo. Los empleados y sus representantes sindicales mantienen cortes y movilizaciones —hoy, según fuentes del Parque Industrial de Pilar, permanece cortado el acceso por la ruta 8 en el kilómetro 60— y han presentado denuncias formales ante las autoridades competentes.
Una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense no aportó soluciones: el abogado de la empresa no presentó una oferta de pago para las personas cesanteadas.
Ilva, con décadas de actividad en Pilar y tradición en la fabricación de pisos y revestimientos cerámicos, fue percibida por los sindicatos como una pieza clave cuya clausura profundiza la crisis del sector. La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) y delegados de la planta gestionaron ante la Unión Industrial Argentina (UIA) un pedido de respaldo institucional para explorar alternativas que permitan revertir o mitigar el cierre. FOCRA sostuvo que no puede admitirse el cierre de una planta de tal envergadura ni la pérdida de empleo de más de 300 familias.
Previo al cese, trabajadores denunciaron presiones para aceptar retiros voluntarios en condiciones que, según los representantes gremiales, resultaban menos favorables que las previstas por la ley. Los delegados advirtieron que estas prácticas colocan a las familias en situación de vulnerabilidad y organizaron movilizaciones frente a la planta para reclamar continuidad laboral y el respeto de derechos laborales.
En el centro del reclamo está la indemnización. Fuentes gubernamentales señalaron que la empresa no abonó siquiera la mitad de lo reconocido como mínimo, a pesar de que habría intentado ampararse en el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que permite en ciertos casos una indemnización reducida. Según los trabajadores, Ilva ni siquiera presentó el PPC y, en consecuencia, incumplió pagos que les corresponden.
El cierre de la planta se inscribe en un panorama más amplio de retracción del sector ceramista. Empresarios y gremios consignan una caída relevante en ventas —estimada entre 25% y 30% interanual por fuentes del sector— y una presión competitiva creciente por parte de importaciones, junto con el encarecimiento energético. Esa combinación de factores complica la viabilidad de fábricas con estructura de costos rígida y baja inversión reciente.
Ante esta realidad, delegados y representantes sindicales reclamaron la declaración de emergencia laboral en el Distrito de Pilar y solicitaron una intervención más decidida del gobierno nacional. Temen que el cierre de Ilva siente un precedente para otras plantas en situación de fragilidad.
En lo institucional, la historia de Ilva fue vinculada por diversas fuentes a la familia Zanon, con figuras como Francisco Zanon y Angelo Bocci en la conducción en distintas etapas. La empresa tuvo un rol destacado en los años noventa y un período de bonanza de quince años, pero el faltante de inversiones y conflictos internos —según declaró una fuente del sector— habrían contribuido a su declive, agravado por el contexto macroeconómico reciente.
La situación en Pilar mantiene abierta una negociación clave: la resolución del pago de indemnizaciones a los trabajadores despedidos y la búsqueda de soluciones que eviten el agravamiento del conflicto social y productivo en la región. En días próximos, la vencida de la conciliación obligatoria y las gestiones entre gremios, empresa y autoridades definirán el curso de un conflicto que combina una problemática empresarial e industrial con efectos directos sobre el empleo y la economía local.