La crisis en la destilería de Refinor en Campo Durán, Salta, perfora la tranquilidad de una región que desde hace décadas se sostuvo en torno a la actividad petrolera. Lo que comenzó como una serie de medidas empresariales —suspensiones, recortes y cierres parciales de plantas— ya se tradujo, en lo que va del año, en más de un centenar de puestos de trabajo formalmente perdidos entre despidos y contratistas desvinculados. La cifra, que según el sindicato rondaría los 130 operarios, equivale a casi el 40 % de la plantilla original: un número que no solo alarma a las familias afectadas sino que resuena en el entramado económico de localidades como Aguaray y otras cercanas.

En la voz de Sebastián Barrios, secretario general del gremio petrolero del norte salteño, se concentra la advertencia sobre un problema estructural. Barrios relató ante Radio Salta que, en los últimos días 28 contratistas fueron suspendidos con el pago del 70 % de sus salarios y «invitados a desvincularse», y que la situación podría profundizarse a fin de mes con más de 20 ceses entre personal propio. Más allá del número, su diagnóstico apunta a una dinámica de fondo: la redistribución de inversiones hacia Vaca Muerta, que desde la capital federal y los grandes centros de decisión se presenta como la columna vertebral de la nueva política energética, deja en las cuencas tradicionales una estela de desinversión que en el norte provincial se siente como asfixia.

Para Barrios, la concentración en la cuenca neuquina funciona como «un veneno» para las economías regionales. No se trata únicamente de la destilería: la caída de actividad impacta también en yacimientos y en empresas de servicios que proveen logística, equipos y mano de obra especializada. La semana pasada, una empresa local solicitó su quiebra, perdiendo 25 puestos de trabajo, y ese efecto multiplicador —menos ingresos, menor consumo, comercios con menos ventas— hace que la crisis tenga dimensiones sociales más amplias que las puramente gremiales.

El cierre parcial de plantas en Campo Durán no es un hecho reciente: la destilería, inaugurada en 1960, hoy mantiene operaciones limitadas a tareas logísticas y a la gestión de gas tras la paralización de dos unidades de procesamiento de crudo. Esa merma operativa implica tanto pérdida de empleo directo como la reducción de demanda de servicios tercerizados que sostienen a gran parte de la economía local. En pueblos donde la actividad petrolera fue históricamente el sostén principal, la desaparición o reducción de 100 puestos de trabajo genera una red de efectos que llega a comercios, contratistas, profesionales y emprendedores locales.

Frente a este cuadro, las respuestas institucionales hasta ahora fueron tímidas. En la Cámara de Diputados de Salta se discutirá un proyecto de declaración para solicitar a los legisladores nacionales que revisen las medidas que afectan a la planta: gestos políticos que, según el sindicato, tienen escasa incidencia práctica si no van acompañados de políticas de incentivo, reasignación de inversiones o compromisos de producción concreta por parte de los accionistas. Las gestiones del ministro de Producción provincial, Martín de los Ríos, ante los accionistas de Refinor —YPF e Hidrocarburos del Norte— no alcanzaron, hasta ahora, para frenar la ola de despidos.

El escenario plantea preguntas difíciles sobre la estrategia energética y el equilibrio entre grandes proyectos de escala nacional y la sustentabilidad de las cuencas históricas. Si la apuesta por Vaca Muerta genera certezas para ingresos fiscales y abastecimiento, al mismo tiempo obliga a interrogarse por el costo social y regional que acarrea la desatención de yacimientos y plantas fuera de ese epicentro. La lógica del mercado y la concentración de capitales explican parte del fenómeno; la falta de instrumentos públicos que acompañen la transición productiva explica otra.

En los próximos días, la región observará con preocupación los anuncios y las iniciativas legislativas. Para los trabajadores y sus familias, las alternativas pasan por medidas concretas: preservación de fuentes laborales, readecuación de las inversiones para mantener capacidad operativa en las plantas regionales y programas de reconversión o apoyo a la producción local que amortigüen el golpe económico. Sin respuestas efectivas, la crisis en Campo Durán amenaza con profundizarse y transformarse en una herida difícil de cerrar en el tejido social del norte de Salta.