El proyecto de ley impulsado por bloques opositores al Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción recientemente. Esta norma propone un aumento del 7,2% sobre los montos actuales y una suba del bono previsional a $110.000. A pesar de contar con un apoyo mayoritario en el recinto, la iniciativa se encuentra en un contexto de rechazo explícito por parte del Poder Ejecutivo, que ha anticipado su intención de veto en caso de aprobación definitiva.

El objetivo de este esquema es, en primer lugar, recomponer la pérdida de 8,1 puntos porcentuales que no fueron concedidos en la inflación de enero de 2024, en la fórmula que estableció Milei por Decreto el año anterior. Además, busca recuperar la pérdida real del refuerzo de ingresos por $70.000, el cual se ha mantenido congelado desde marzo del año pasado.

En cuanto a los montos actuales, la jubilación mínima asciende a $304.723,93 en junio, mientras que la máxima llega a $2.050.503,62. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $243.779,14, todos estos valores antes de aplicar los descuentos correspondientes a la obra social.

En la actualidad, los beneficiarios perciben un bono previsional de $70.000, lo que eleva el ingreso total de una jubilación mínima a $374.723,93, el de la jubilación máxima a $2.120.503,62 y el de la PUAM a $313.779,14. Con la propuesta opositora, el bono pasaría a $110.000, lo que impactaría directamente en el ingreso disponible de los beneficiarios.

Si se concreta el incremento del 7,2% sobre los haberes base, la jubilación mínima ascendería a $326.648,01, la jubilación máxima a $2.197.140,00, y la PUAM a $261.330,24. Al sumar el nuevo bono, los ingresos totales quedarían configurados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima total:  $436.648,01
  • Jubilación máxima total:  $2.307.140,00
  • PUAM total:  $371.330,24

El impacto de la medida no se limita al aspecto económico, sino que también presenta implicancias fiscales, presupuestarias y políticas.

La definición en diputados

La aprobación del aumento de los haberes y el bono se concretó con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Esta mayoría fue conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales, mientras que la UCR optó por abstenerse.

En este contexto, el oficialismo rechazó el proyecto, definiéndolo como una “irresponsabilidad política”. El vocero presidencial expresó que el Gobierno considera que el esquema propuesto por la oposición no tiene sustento presupuestario y que podría comprometer el equilibrio fiscal. Asimismo, enfatizó que, en caso de ser aprobado en el Senado, el presidente vetará la ley, manteniendo así la política de ajuste vigente.

El aumento del bono a $110 mil, junto con su posterior actualización por inflación, podría generar un costo fiscal aproximado de 0.26% del PBI, según cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. Si se llevara a $105 mil, el impacto fiscal sería de 0.23%, y de 0.30% si se estableciera en $115 mil. Finalmente, la oposición consensuó una cifra intermedia entre las dos propuestas.

Un informe del Palacio de Hacienda indica que el aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para 2025 y del 0,42% para 2026, acumulando un total de 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado también incluye la oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria, que rige por decreto desde abril del año pasado. Además, se establece que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo pendiente de los gobernadores.

Ahora, se espera que en el Senado, donde el peronismo necesita sumar tres votos para obtener mayoría, los proyectos sean ratificados. En caso de que el presidente Javier Milei decida vetarlos, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. Un diputado dialoguista comentó irónicamente que “van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, refiriéndose a la necesidad del oficialismo de convencer a los mandatarios provinciales para lograr el apoyo necesario para sostener los vetos.

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO”, afirmó el Presidente en las redes sociales tras la votación, resaltando la postura del Gobierno frente a la situación.