Una familia tipo en la Argentina necesitó en julio casi cuatro salarios mínimos para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la línea de pobreza, según consignó un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA). El dato oficial del INDEC para julio sitúa el costo de la CBT en $1.149.353 para un hogar compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 y una hija de 8.

Frente a ese monto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de julio, de $317.800, quedó muy por debajo: hicieron falta casi cuatro SMVM para afrontar la canasta que incluye alimentos, bienes y servicios mensuales.

El análisis de CIFRA destacó que la brecha entre el salario mínimo y las líneas de pobreza e indigencia muestra una situación crítica: “incluso peor que la del año 2001”, señalaron los investigadores. El informe atribuye parte del deterioro al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al sostener que la fuerte devaluación aplicada en las primeras medidas del gobierno provocó una pérdida de alrededor del 30% en el poder adquisitivo del SMVM. Además, el reporte puntualizó que esa caída se suma a retrocesos previos: estimaron que en agosto de 2025 el salario mínimo, en términos reales, se ubicaba 43,4% por debajo de su nivel de noviembre de 2019 (fin del gobierno de Cambiemos) y 56,7% menor que en noviembre de 2015. Con esos cálculos, CIFRA evaluó que, si el salario mínimo hubiera mantenido su poder adquisitivo a lo largo de la última década, hoy superaría los $740.000.

El informe también subrayó las consecuencias de este retroceso sobre la estructura salarial: el SMVM representa actualmente menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado, lo que evidencia una pérdida de su función como referencia distributiva. Para la CTA, ese debilitamiento sitúa al salario mínimo en un nivel real inferior al que rigió durante gran parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, configurando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad.

Este diagnóstico plantea preguntas centrales sobre las políticas de ingresos y la protección social en un contexto de alta inflación y devaluación. La relación entre salario mínimo, canastas de consumo y líneas de pobreza vuelve a colocarse en el centro del debate público, mientras distintos sectores demandan medidas que recuperen poder de compra y restauren la función redistributiva del salario mínimo.