Durante el último fin de semana, Cencosud concretó el cierre de tres supermercados Vea en Tucumán, medida que dejó sin empleo a casi setenta trabajadores notificados mediante telegrama de despido. La misma estrategia de cierre y desvinculaciones se registró en otras provincias como Buenos Aires, Catamarca y San Juan.

La compañía chilena, propietaria también de las cadenas Disco, Jumbo y Easy, afronta así una reconfiguración de su presencia en el mercado argentino. A primera vista, los cierres podrían leerse como un ajuste vinculado a la coyuntura económica del sector minorista: inflación, variaciones en el consumo y presiones sobre márgenes operativos. Sin embargo, fuentes del mercado y documentos regulatorios señalan que la motivación principal detrás de estas desinversiones es distinta.

Cencosud estaría ejecutando una estrategia para reducir su participación en ciertos segmentos del mercado doméstico con el fin de facilitar la adquisición de Carrefour Argentina y evitar objeciones por parte de la autoridad de Defensa de la Competencia. La compra de Carrefour implicaría un cambio sustancial en la estructura del mercado supermercadista local. Para que la operación avance sin que se le impute abuso de posición dominante, Cencosud habría decidido desprenderse de activos y cerrar locales que podrían solaparse en términos de cobertura geográfica y cuota de mercado.

Desde esa óptica, el cierre de sucursales Vea no sería únicamente una respuesta a dificultades operativas, sino una medida instrumental para cumplir con los requisitos regulatorios y reducir la probabilidad de veto o de imposición de remediaciones por parte de las autoridades. La decisión, sin embargo, tiene un costo social inmediato: las desvinculaciones laborales y la pérdida de servicios comerciales en las comunidades afectadas.

Para los trabajadores y las familias que dependían de esos empleos, el proceso de desinversión se traduce en una conmoción directa. Para los consumidores locales, la salida de tiendas Vea modifica el mapa de oferta y puede impactar precios y accesibilidad, al menos en el corto plazo.

En términos regulatorios y de política pública, el caso plantea interrogantes sobre la manera en que se equilibran dos objetivos diferentes pero vinculados: permitir operaciones de fusión y adquisición que pueden traer eficiencia o inversión, y proteger el empleo y la competencia en los mercados internos. Las autoridades encargadas de Defensa de la Competencia deberán evaluar si las cesiones y cierres presentados por Cencosud son suficientes para mitigar riesgos concentratorios o si, por el contrario, exigen condiciones adicionales que preserven tanto la pluralidad de oferta como los derechos laborales. Mientras la operación avanza y se suceden los anuncios de cierres y despidos, el escenario local quedará marcado por la tensión entre las estrategias empresariales de reconfiguración y las consecuencias sociales y de mercado que esas decisiones generan.