En el contexto de la economía argentina, cada inicio de mes se convierte en un momento de expectación para la población, que aguarda con atención los ajustes en los precios y tarifas de diversos servicios regulados. Entre los más relevantes se encuentran las naftas y el gasoil, junto a otros servicios como la energía eléctrica, el gas natural y el agua corriente. En particular, el 1° de agosto de cada año se presenta con un elemento distintivo: la potencial actualización trimestral de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Este ajuste es uno de los cuatro componentes que determinan el precio de los carburantes al consumidor, junto a la paridad cambiaria, el precio internacional del petróleo y la variación en los valores mínimos de los biocombustibles. Recientemente, se ha observado que el dólar mayorista ha experimentado un incremento cercano al 7,5% en el mes de julio. 

Por otro lado, los biocombustibles también han sufrido ajustes, aunque estos han sido relativamente moderados, con incrementos del 1% y el 2% durante el mismo periodo. En contraste, el barril de petróleo Brent ha mostrado una leve disminución promedio del 1% respecto a los precios de junio. Sin embargo, se considera que ninguna de estas variables influirá tanto como la actualización de los impuestos a los combustibles, lo que deja abierta la posibilidad de que el Gobierno decida postergar, aplicar de manera parcial o, aunque menos probable, implementar todos los ajustes pendientes de forma inmediata. La Ley 23.966 establece que los impuestos a los combustibles deben actualizarse trimestralmente, en febrero, mayo, agosto y noviembre, de acuerdo a la inflación acumulada en el trimestre anterior. 

Sin embargo, en un intento por mitigar el impacto inflacionario, el entonces presidente Alberto Fernández decidió en 2020 posponer el incremento correspondiente, decisión que se extendió durante todo su mandato. Su sucesor, Javier Milei, se vio en la necesidad de formular un plan para reducir la carga impositiva acumulada y aplicar aumentos en un contexto de inflación creciente. Este esquema se mantuvo hasta mediados de 2024, cuando Milei adoptó una estrategia similar a la de su predecesor, aplicando tanto postergaciones como ajustes parciales. 

En la actualidad, se observa un proceso de rezago en la aplicación de los aumentos, que acumula cinco trimestres consecutivos, extendiéndose hasta el primer trimestre de 2025. Esta acumulación de ajustes pendientes podría resultar en un impacto inflacionario significativo si se optara por una actualización integral. Según estimaciones del exdirector de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Energía, Ignacio Barousse, la carga tributaria total sobre las naftas podría aumentar de los actuales $260 a $479 por litro, lo que representa un incremento del 84%. En cuanto al gasoil, se estima que la carga tributaria pasaría de $192 a $309, lo que equivale a un aumento del 50,9%. La incidencia de estos incrementos en el precio final es variable, dado que se trata de suma fija aplicada sobre precios diferentes según el tipo de combustible y la localización geográfica, pero se podría estimar en torno al 15%. 

Los tres escenarios posibles que se contemplan—postergación total, postergación parcial o aplicación completa—deben ser analizados en función de otras variables, como la inflación, el panorama político en vista de las elecciones y el frente fiscal. El impacto inflacionario derivado de los impuestos a los combustibles se ha convertido en el eje central de la discusión en los últimos cinco años, y en el Ministerio de Economía se espera que la desaceleración inflacionaria se profundice, especialmente en un contexto electoral marcado por las elecciones provinciales de Corrientes el 31 de agosto y de Buenos Aires el 7 de septiembre, además de los comicios nacionales programados para el 26 de octubre. Sin embargo, el objetivo de Milei de mantener un superávit fiscal presenta desafíos. 

Sin los aumentos aplicados, los impuestos a los combustibles generaron una recaudación de $2 billones durante el primer semestre, representando el 2,3% del total, pero con un incremento interanual que superó el promedio general, alcanzando un 169,8% frente a un 55,3%. En el Ministerio de Economía se observa no solo lo recaudado, sino también lo que se podría haber generado en términos de ingresos fiscales si no se hubiesen llevado a cabo tantas postergaciones. En este complejo panorama, las decisiones que se tomen respecto a los impuestos a los combustibles tendrán implicaciones significativas tanto para la economía como para la política del país.