El acuerdo entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plasmado en el documento denominado "Estrategia País", presenta un exhaustivo análisis de la actual situación nacional en diversas áreas, incluyendo el gasto público, el papel del sector privado y el contexto social. A lo largo del documento, se examinan las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, al tiempo que se enfatizan los riesgos potenciales que podrían afectar la ejecución de la estrategia propuesta. 

En este marco, el BID identifica varios riesgos de índole macroeconómica, que abarcan cuestiones fiscales, del sector externo y políticas, las cuales están vinculadas a la liquidez externa y a la composición de mayorías legislativas en el Congreso. Se señala que "los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste". Adicionalmente, se alerta sobre la posibilidad de "shocks externos que deterioren los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales", lo que podría afectar los costos operativos y el espacio fiscal, así como también las inversiones privadas. 

La estrategia de mitigación propuesta por el BID incluye el fortalecimiento de la agenda social y la mejora del sistema de protección social, así como la diseminación de los resultados esperados para facilitar el diálogo y el consenso. Para abordar los riesgos asociados con la liquidez externa, se plantea realizar un monitoreo regular, apoyar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y fomentar el uso y desarrollo de instrumentos de cobertura, además de promover el desarrollo del mercado de capitales local y facilitar el acceso a instrumentos contracíclicos que mitiguen el impacto de crisis externas. 

Desafíos Fiscales 

El documento subraya que Argentina enfrenta desafíos fiscales significativos como resultado de la expansión del gasto público que se ha acumulado desde el año 2002 hasta 2023. Este crecimiento se ha financiado a través de un aumento en la presión tributaria, la emisión de deuda y la emisión monetaria, lo que ha derivado en una creciente inestabilidad macroeconómica, inflación y crisis recurrentes en el sector externo. 

El gasto público consolidado ha aumentado del 29% del PIB en 2002 al 42% en 2023, impulsado principalmente por el aumento del gasto social, las transferencias al sector privado, así como los subsidios energéticos y de transporte. Se observa que este proceso también ha estado caracterizado por ineficiencias tanto en la asignación como en la técnica, destacándose el aumento del gasto social que ha beneficiado mayormente a las personas de edad avanzada en detrimento de la primera infancia, así como los subsidios en los sectores energético y de transporte. 

Además, se constata un incremento en el gasto de funcionamiento del Estado y un déficit en las empresas estatales que requirió asistencia financiera equivalente al 1.5% del PIB en 2021. Uno de los factores de ineficiencia más destacados es el elevado gasto en jubilaciones y pensiones, que ha crecido del 5.6% del PIB en 2005 al 9.8% en 2023. 

Impuestos y Presión Tributaria 

En relación con el gasto tributario, se estima que este alcanzará un 3.48% del PIB en 2024, de los cuales un 0.4% corresponde a regímenes de promoción económica. En respuesta a estos desafíos, se ha iniciado un proceso de consolidación fiscal que permitió reducir el gasto del Sector Público Nacional en 4.3 puntos porcentuales del PIB, enfocándose en la reducción de subsidios económicos, transferencias a provincias, salarios, gastos de capital, así como jubilaciones y pensiones. 

Por otro lado, se destaca que Argentina enfrenta una elevada presión tributaria, resultado de la implementación de impuestos que distorsionan la economía. En las últimas dos décadas, la presión tributaria tanto a nivel federal como provincial ha aumentado, lo cual ha impactado negativamente en la capacidad de ahorro e inversión privada. 

Contexto Social 

El BID señala que la pobreza se ve impactada significativamente por la inestabilidad macroeconómica, particularmente por la inflación y el estancamiento del crecimiento. La tasa de pobreza ha fluctuado entre el 25% y el 50% en los últimos 20 años, con un aumento notable en el primer semestre de 2024, donde el 52.9% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza. Aunque ha habido cierta recuperación en la actividad económica y en los salarios reales, las tasas de pobreza siguen siendo elevadas, alcanzando un 38.1% de la población. 

Se subraya también la alta vulnerabilidad a la pobreza, así como la pobreza crónica vinculada a la elevada informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los niños de entre 0 y 14 años. Además, se identifica una notable dispersión geográfica de la pobreza, siendo más pronunciada en las regiones Nordeste y Noroeste, así como en el conurbano bonaerense. 

Programas y Asistencia Social 

El BID evalúa que los programas de transferencias condicionadas dirigidos a hogares con niños y embarazadas son de alta cobertura y bien focalizados, aunque sugiere mejoras en su diseño para evitar superposiciones y mejorar la eficiencia en los procesos de verificación. A pesar del alto nivel de cobertura del sistema de protección social, se considera que este presenta ineficiencias y fragmentaciones que deben ser abordadas, especialmente en un contexto que requiere consolidación fiscal. 

Educación y Salud 

El informe también hace hincapié en los déficits en calidad educativa y atención de salud, reflejando un deterioro significativo en los indicadores de alfabetización y desempeño académico en los últimos años. En el ámbito de la salud, se destaca que, a pesar de un gasto elevado, los resultados sanitarios son inferiores a los esperados, lo cual indica una ineficiencia en la gestión del sistema de salud. 

Inseguridad y Condiciones de Vida 

La inseguridad se presenta como otro de los problemas significativos que enfrenta la sociedad argentina. Si bien las tasas de homicidio son relativamente bajas en comparación con la región, existen importantes disparidades territoriales. Además, se observa un aumento en la población carcelaria y en el déficit habitacional, lo que exacerba las condiciones de vida de la población más vulnerable. 

Conclusión 

Finalmente, el BID establece objetivos claros para mejorar la efectividad del sistema de protección social, lograr un sistema de salud más equitativo, apoyar la alfabetización y mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales. Estos objetivos se enmarcan en un contexto de desafío fiscal y social, donde se requiere un enfoque integral y coordinado para abordar las problemáticas identificadas.