El desempleo en Argentina se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre
Los datos oficiales fueron publicados este jueves por el INDEC.
En el segundo trimestre de 2025, el mercado laboral argentino exhibió indicadores que permiten trazar un panorama complejo y heterogéneo de la inserción laboral. La tasa de actividad (TA), que relaciona a la población económicamente activa (PEA) con el total de la población de 14 años y más, se ubicó en 48,1%. En ese mismo período, la tasa de empleo (TE) alcanzó el 44,5%, mientras que la tasa de desocupación (TD) —aquellas personas sin trabajo, disponibles y en búsqueda activa— se situó en 7,6%.
Más allá de estos promedios, la estructura del empleo revela matices relevantes. La tasa de subocupación —personas ocupadas que trabajan menos horas de las deseadas— alcanzó el 11,6% de la PEA. A esta presión sobre la calidad del trabajo se suman los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles, que en conjunto representan el 11,3% de la PEA. Considerando en su conjunto a los desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, la presión sobre el mercado laboral llegó al 30,5% de la PEA, un indicador que expresa la magnitud de la insuficiencia de empleo pleno tanto en cantidad como en calidad.
Las diferencias por sexo y por territorio resultan marcadas. En el universo de 14 años y más, la TA para los varones fue de 69,6%, mientras que para las mujeres se ubicó en 52,1%, lo que evidencia una brecha de género persistente en la participación laboral. Por región, las mayores tasas de actividad se observaron en Gran Buenos Aires (48,9%), la región Pampeana (48,8%) y Cuyo (48,3%); la menor incidencia se registró en el Noreste, con 43,0%.
El tamaño de los aglomerados también condiciona la dinámica laboral: en las áreas urbanas de 500.000 y más habitantes la TA fue de 48,9%, superior a la registrada en aglomerados de menos de 500.000 habitantes (44,7%). Estos contrastes territoriales apuntan a diferencias en oportunidades de empleo, estructura productiva y acceso a servicios, entre otros determinantes.
En cuanto a la composición del empleo, la informalidad sigue siendo un rasgo central: la tasa de informalidad de la PEA fue del 43,2%. Entre los ocupados, el 72,4% son asalariados; de ese grupo, el 37,7% no registra descuento previsional, es decir, se considera empleo asalariado informal. Dentro de esos asalariados informales, un 15,7% realiza aportes previsionales por cuenta propia, una práctica parcial de formalización individual frente a la ausencia de contribución patronal.
Por modalidades de trabajo, el 23,7% de los ocupados se desempeña por cuenta propia, el 3,5% ocupa la condición de patrón y el 0,4% corresponde a trabajadores familiares no remunerados. Entre los asalariados, un reducido 4,0% utilizó sus propias maquinarias o equipos para desempeñar la ocupación; en tanto, el 8,5% del total de ocupados trabajó desde la vivienda, dato que refleja una presencia todavía acotada del teletrabajo o trabajo a distancia en la estructura ocupacional.
La relación entre escolaridad y empleo muestra que más de la mitad de las personas ocupadas (60,4%) contaba con hasta secundario completo, mientras que el 39,7% poseía estudios superiores o universitarios, completos o incompletos. Esta distribución educativa se conecta con la calificación de las ocupaciones: el 55,5% de la ocupación principal corresponde a empleos operativos, el 16,8% a ocupaciones de calificación técnica, el 16,3% a puestos no calificados y únicamente el 11,0% a ocupaciones de tipo profesional.
En conjunto, los indicadores del segundo trimestre de 2025 describen un mercado laboral con niveles de participación moderados, una tasa de empleo que no alcanza a absorber completamente a la PEA y una elevada presencia de informalidad y subocupación. Las brechas por género, la concentración de actividad en determinadas regiones y la predominancia de empleos operativos frente a ocupaciones profesionales o técnicas plantean desafíos vinculados a la calidad del empleo, la protección social y la equidad territorial. Estas tendencias orientan prioridades para políticas públicas destinadas a promover la formalización, mejorar la correspondencia entre capacitación y demanda laboral, y reducir las asimetrías regionales y de género en la participación y en el acceso al trabajo decente.