En las últimas horas, la provincia de Tucumán ha sido escenario de un intenso debate a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 3/5, que establece el programa "PROCREAR Tucumán". Este programa tiene como finalidad retomar y concluir las obras de viviendas que habían sido iniciadas bajo el plan original, el cual fue interrumpido durante la administración de Javier Milei. 

La normativa, que ha sido enviada a la Legislatura, también extiende la emergencia en materia de obra pública en la provincia hasta el 31 de diciembre de 2027, permitiendo al Poder Ejecutivo desvincularse del proceso habitual de licitación pública para habilitar la contratación directa de las obras incluidas en el programa. Se estima que se construirán aproximadamente 3.000 viviendas en la localidad de Manantial Sur, en la capital tucumana, como parte de una estrategia para mitigar el déficit habitacional existente. 

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía, Daniel Abad, abordaron el tema en una conferencia de prensa, donde enfatizaron que las contrataciones no se realizarán de manera directa, sino que las empresas encargadas de llevar adelante las obras son las mismas que habían ganado la licitación original. Jaldo subrayó que "las 22 empresas que ganaron la licitación original continúan con el proyecto. No hay contrataciones directas, ni violación de normas". Esta afirmación buscó despejar las dudas que surgieron en torno a la legalidad del proceso de contratación. 

El gobernador hizo un llamado a los medios de comunicación para que verifiquen la información antes de emitir juicios, recordando que la retirada del gobierno nacional había dejado a Tucumán con 100 hectáreas abandonadas, 22 empresas paralizadas y 7.000 empleados en situación de desempleo. "El gobierno de Tucumán decidió hacerse cargo para evitar mayores pérdidas", declaró Jaldo, quien también advirtió que la paralización de este megaproyecto habitacional podría acarrear graves consecuencias sociales y económicas para la provincia. En el mismo contexto, Jaldo abordó la inquietud referida a la paralización de fábricas y los despidos que han comenzado a afectar a Tucumán, reconociendo que si bien apoyan las políticas macroeconómicas implementadas a nivel nacional, éstas no son suficientes para abordar la crisis local. 

"La baja de recursos afecta tanto al sector público como al privado", expresó, destacando que el ministro Abad se encuentra en diálogo constante con industriales, agricultores y comerciantes para encontrar soluciones efectivas. En su intervención, Abad detalló que el aporte provincial para actividades productivas asciende a 35.000 millones de pesos anuales, incluyendo exenciones tributarias para las empresas que se comprometen a mantener el empleo. Además, mencionó que varias empresas han solicitado audiencias para tratar sus inquietudes, y que se están gestionando estos encuentros para discutir los problemas que enfrentan. 

El ministro también hizo hincapié en que la situación industrial tiene dimensiones nacionales, como la apertura de la economía y la reducción de aranceles, que impactan negativamente en la competitividad de las empresas locales. En este sentido, subrayó que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y las agroindustrias del norte son sectores que dependen en gran medida de la mano de obra, y que, por lo tanto, son los más afectados en términos de empleo. Para finalizar, Abad anunció que el gobierno provincial continuará el diálogo con los diversos sectores productivos en un esfuerzo por lograr que la Nación compense las dificultades que actualmente enfrenta la provincia.