El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía, fijó los nuevos requisitos que deberán cumplir los clubes de barrio y de pueblo para conservar los subsidios en las tarifas de energía eléctrica y gas natural. La medida fue oficializada este miércoles mediante la publicación de la Resolución 276/2025 en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de focalización de subsidios que impulsa el Ejecutivo.

Actualmente, 2.228 entidades están inscriptas dentro del esquema de tarifas subsidiadas, según cifras de la Secretaría de Energía. Con la nueva normativa, se busca revisar ese universo y garantizar que los beneficios se destinen exclusivamente a instituciones con verdadero impacto social y comunitario.

Para ello, se instruyó a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético a implementar un reempadronamiento general y exigir nuevas declaraciones juradas por parte de las entidades que quieran mantener el beneficio. Además, esa área tendrá a su cargo la elaboración de pautas complementarias e interpretativas para asegurar una correcta aplicación de los criterios establecidos.

Según el texto oficial, esta subsecretaría también podrá realizar tareas de evaluación, control, requerimiento de información y fiscalización. Todas las acciones deberán ser coordinadas con los organismos reguladores pertinentes, como el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), así como con los entes reguladores provinciales.

Resolución 276/2025

Entre los requisitos fijados, se establece que las instituciones deberán:

  • Contar con personería jurídica vigente.
  • Tener domicilio legal en Argentina.
  • Estar formalmente constituidas desde hace al menos tres años.
  • Acreditar una base de entre 50 y 2.000 socios registrados al momento de solicitar el beneficio.
  • Cumplir un rol social activo, promoviendo actividades deportivas no profesionales, educación no formal o actividades culturales abiertas a la comunidad.

La resolución también advierte que las instituciones que brinden información falsa o incompleta perderán automáticamente el beneficio y deberán reintegrar los montos subsidiados, con intereses y posibles sanciones adicionales. “Se podrá ordenar, a través de los organismos de regulación competentes, la facturación de todos los importes incorrectamente bonificados, con sus respectivos intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder”, señala el documento.

Desde el Ministerio de Economía justificaron la medida en la necesidad de reordenar el esquema de subsidios energéticos, dejando atrás un modelo generalizado —vigente en gobiernos anteriores— que, aseguran, resulta “ineficiente, inequitativo e insostenible” en el actual contexto fiscal. Con este nuevo marco, el Gobierno busca reducir el gasto público, concentrar la ayuda en quienes la necesiten y evitar que entidades sin función social accedan a beneficios que no les corresponden.