La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió el ajuste fiscal llevado adelante por el gobierno argentino, calificándolo como un ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, advirtió que la continuidad y el éxito duradero del programa dependerán de contar con un respaldo político suficiente y de legitimidad social.

En una presentación en el Milken Institute, Georgieva rememoró episodios en Europa donde gobiernos adoptaron medidas de fuerte ajuste —con recortes de pensiones y salarios de entre el 40% y el 50% en algunos casos— y, pese a la dureza de las decisiones, fueron reelectos tras lograr que la sociedad comprendiera y acompañara las medidas. Ese antecedente fue utilizado para subrayar que no basta con la aplicación técnica de políticas fiscales: debe existir reconocimiento y apoyo político para sostenerlas en el tiempo.

Respecto de Argentina, la titular del organismo sostuvo que la administración actual está dando "una señal muy importante, incluso para el sector privado" al defender con firmeza el equilibrio fiscal. No obstante, enfatizó que el programa necesita legitimidad popular para consolidarse, observación que cobra relevancia en el contexto previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre y ante la existencia de cuestionamientos políticos y dudas sobre la sostenibilidad del régimen cambiario.

En paralelo, el equipo económico argentino se encuentra en Estados Unidos desde hace varios días con el objetivo de cerrar detalles respecto de una asistencia financiera. En estas negociaciones participan, además del FMI, representantes estadounidenses: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó en distintos momentos un mensaje de apoyo hacia la gestión de Javier Milei, aunque relativizó si ello implicaría desembolsos significativos desde la administración de Donald Trump.

Dentro de la mesa de conversaciones, Georgieva actúa junto al equipo económico argentino, encabezado por Luis Caputo, y funcionarios del gobierno estadounidense. Las negociaciones, en curso, buscan articular apoyos financieros y políticos que permitan asegurar la continuidad del programa económico en un escenario marcado por la incertidumbre electoral y por exigencias de credibilidad y sostenibilidad fiscal y cambiaria.