El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha manifestado que Argentina no tiene la intención de entablar negociaciones con los demandantes en el caso relacionado con la expropiación de YPF, quienes han obtenido un fallo judicial que les otorga el derecho a reclamar el pago de 16.099 millones de dólares. Durante una conferencia de prensa, Adorni enfatizó que el gobierno argentino se encuentra firme en su postura de no dialogar con los fondos buitre involucrados en este proceso. 

Es relevante mencionar que, por su parte, los demandantes han aclarado que su objetivo no es adquirir el 51% de las acciones de la petrolera YPF, lo que les daría control sobre la compañía, sino que su interés radica en obtener una "garantía" que les permita avanzar con la apelación en curso. Esta aclaración proporciona un contexto adicional sobre la naturaleza de las demandas y las expectativas de las partes involucradas. Adorni también celebró una reciente decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que suspendió la orden de entrega de acciones Clase D de YPF, inicialmente dictada por la jueza Loretta Preska el 30 de junio. 

El portavoz informó que esta suspensión se mantendrá vigente hasta que la Cámara tome una decisión sobre si prolongar la suspensión durante todo el proceso de apelación. Asimismo, Adorni indicó que no existe un plazo determinado para dicha resolución, lo que sugiere un posible prolongamiento de la situación. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado su apoyo a Argentina en este litigio. A través de una presentación escrita por el Departamento de Justicia, que actuó como amicus curiae, se solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, argumentando que esto es necesario para preservar la inmunidad soberana del país, prevenir conflictos internacionales y asegurar que el proceso judicial se desarrolle adecuadamente en la fase de apelación. 

Las acciones judiciales en cuestión están vinculadas a tres causas diferentes que involucran a diversos demandantes, entre ellos Petersen Energía Inversora S.A.U., Eton Park Capital Management y Bainbridge Fund Ltd., las cuales se relacionan con montos aún impagos de la deuda en default que data de 2001. A pesar del respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Adorni reafirmó la negativa del gobierno argentino a abrir canales de comunicación con los demandantes para discutir posibles acuerdos extrajudiciales, rechazando categóricamente cualquier insinuación de negociaciones clandestinas o malintencionadas. Esta postura refleja la determinación del gobierno argentino de mantener su posición en este complejo litigio internacional.