En la ciudad de Córdoba, en una entrevista con el diario La Voz del Interior, el presidente Javier Milei confirmó que el gobierno mantiene negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos por un préstamo destinado a afrontar vencimientos de deuda previstos para 2026. Según sus declaraciones, las conversaciones están avanzadas y forman parte de una estrategia planificada con antelación para cubrir obligaciones concretas: alrededor de 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio del año próximo.

Milei explicó que la administración había anticipado la complejidad del año en curso y, por ello, inició oportunamente las gestiones necesarias. Advirtió, no obstante, que las negociaciones requieren tiempo y que no realizará anuncios formales hasta que las mismas estén confirmadas. Aun así, subrayó que se trabaja con intensidad y que la concreción es cuestión de tiempo. En su exposición, el presidente también aludió al contexto macroeconómico y político que atraviesa el país en el tramo previo a las elecciones de octubre. Atribuyó parte de las turbulencias a lo que describió como acciones deliberadas de sectores opositores y del “partido del Estado”, que, dijo, estarían procurando obstaculizar el plan económico para que fracase.

En ese marco, afirmó que el mercado actúa “en modo pánico” y que la oposición está ejerciendo presión legislativa. A pesar de esas críticas, Milei adoptó un tono optimista sobre el futuro y sobre la posibilidad de obtener un resultado electoral favorable que permita avanzar con sus reformas. El anuncio sobre la negociación con el Tesoro estadounidense plantea interrogantes sobre los términos del eventual préstamo, sus condiciones financieras y el impacto fiscal y cambiario en un país con un historial reciente de restricciones externas y volatilidad macroeconómica.

También abre un capítulo sobre el rol de la cooperación financiera internacional y las vinculaciones de la Argentina con organismos y gobiernos extranjeros en un contexto de ajuste y reordenamiento de las cuentas públicas. En las próximas semanas, la evolución de las negociaciones y la difusión de información oficial más precisa serán determinantes para evaluar la capacidad del gobierno de gestionar esos vencimientos sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la estrategia política hacia las elecciones.