Juicio por YPF: Argentina apelará el fallo de Preska y busca evitar la entrega del 51% de las acciones
La jueza de Nueva York ordenó transferir a Burford Capital la participación estatal en la petrolera y dio un plazo de 14 días. El Gobierno confirmó que recurrirá la medida. Qué puede pasar ahora, cuántos millones están en juego y cómo afecta a la economía
¿El Estado argentino está obligado a entregar el 51% de las acciones que posee en YPF? Según la jueza Loretta Preska, sí. La magistrada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York volvió a fallar contra la Argentina en el histórico juicio por la expropiación de la petrolera en 2012 y ordenó que el país transfiera su participación mayoritaria a Burford Capital, el fondo que financió la demanda.
Este nuevo fallo, que se suma al de 2023 —cuando Preska condenó al país a pagar USD 16.000 millones más intereses—, marca otro duro revés judicial. El Gobierno argentino ya confirmó que apelará y presentará un pedido de suspensión de la medida.
Una década de juicio y un fallo que escala
El juicio comenzó hace más de diez años. Burford Capital compró los derechos de litigio de Petersen Energía, antiguo accionista de YPF, y denunció al Estado por no haber lanzado una oferta pública de adquisición al momento de expropiar la empresa, como establecía el estatuto.
En septiembre de 2023, Preska falló a favor de Burford y fijó una indemnización de USD 16.000 millones. Con los intereses acumulados, la cifra ya supera los USD 17.000 millones. El núcleo de su argumento: el Estado pagó USD 5.000 millones a Repsol pero ignoró a los demás accionistas, violando las reglas de juego.
Ahora, en una nueva resolución emitida este lunes, la jueza fue más allá: ordenó que el Estado transfiera en 14 días el 51% de las acciones clase D de YPF a una cuenta custodia del Bank of New York Mellon, para que luego pasen a manos de Burford.
Preska advirtió en su fallo que Argentina “no ha hecho ningún esfuerzo” por cumplir la sentencia y sugirió que puede hacerlo por varias vías: obtener la aprobación del Congreso, cambiar la ley o alcanzar un acuerdo con los demandantes.
La reacción del Gobierno y el camino de la apelación
Horas después del fallo, Javier Milei anunció por redes sociales que la Argentina apelará. El Gobierno también planea solicitar un “stay”, es decir, que se suspendan los efectos del fallo mientras se tramita la apelación. Para eso, podría ser necesario ofrecer una garantía millonaria —de hasta USD 10.000 millones— algo que el país ya rechazó en 2023 por falta de fondos.
“No hay voluntad de pago ni margen para entregar la empresa. Vamos a apelar”, dijeron desde el Ejecutivo. En tanto, Guillermo Francos culpó al kirchnerismo por haber ejecutado la expropiación “de forma desprolija e ideológica”.
Milei también apuntó directamente contra Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, a quien tildó de “irresponsable” por el rol que tuvo en el proceso de estatización.
Impacto financiero y preocupación por YPF
El impacto en los mercados no se hizo esperar. Las acciones de YPF cayeron más de 5% en Wall Street, mientras que los títulos públicos también sufrieron retrocesos. Burford, en cambio, se disparó más del 20% en la bolsa de Londres.
Si bien YPF no fue condenada en el juicio, los coletazos del caso afectan su imagen y pueden complicar sus planes de expansión. La petrolera es un actor clave para el desarrollo del gas natural licuado (GNL) en Vaca Muerta y tiene proyectos ambiciosos de exportación a través de buques licuefactores en Río Negro.
Qué puede pasar ahora
Con la apelación, el caso quedará en manos de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Se espera que el proceso se extienda por al menos un año. Mientras tanto, Burford podría insistir con pedidos de embargo sobre activos argentinos, y buscar probar que YPF es una herramienta del Estado, lo que habilitaría nuevos reclamos.
Además, un grupo como Republican Action for Argentina (RAFA) también busca apelar el fallo original por la expropiación, aunque hasta ahora Preska no lo admitió.
En paralelo, movimientos políticos en EE.UU. pueden afectar a Burford. Un senador republicano propuso una ley que pondría fin al modelo de negocio de los “litigation funders” como este fondo, aunque el proyecto fue frenado por falta de apoyo del entorno de Donald Trump.
¿Y el pago?
Por ahora no hay fecha definida. Aunque Burford estaría dispuesto a negociar —“no quieren quedarse con la empresa, quieren cobrar”, señalan fuentes del caso—, la falta de diálogo por parte de Argentina complica un entendimiento.
Un dato: durante el gobierno de Mauricio Macri, Burford habría estado dispuesto a cerrar un acuerdo por USD 4.000 millones, una cifra muy inferior a la actual. Hoy, con más fallos a su favor, el fondo tiene una posición de fuerza mucho mayor.