Argentina inició la apelación contra el fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF una sentencia de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la compañía. La presentación ante la Cámara de Apelaciones, según explicó el especialista Sebastián Maril, se centra en cuatro ejes principales: la competencia de la justicia de Estados Unidos sobre activos soberanos en el exterior; la supuesta aplicación incorrecta de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225); la invocación de la Ley de Inmunidad Soberana para proteger las acciones; y las posibles consecuencias diplomáticas de forzar la entrega de bienes entre países aliados. 

El escrito busca frenar la ejecución hasta que se resuelva la disputa sobre estos planteos jurídicos y políticos. El primer punto sostiene que una corte estadounidense no puede imponer la repatriación de activos ubicados fuera de su territorio cuando se trata de un Estado soberano, y cuestiona la interpretación de la juez Loretta Preska sobre la CPLR 5225. En segundo término, la defensa recalca la protección que otorga la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), afirmando que esa norma limita la facultad de ejecución sobre bienes estatales en casos de litigio internacional. Estos argumentos buscan circunscribir el alcance de las medidas ejecutivas ordenadas por el tribunal de primera instancia. 

Juicio por YPF: Argentina inició la apelación para no pagar US$ 16.000 millones

El tercer eje de la apelación es de naturaleza diplomática: el Estado argentino advierte sobre las implicancias en las relaciones bilaterales y en el principio de trato recíproco en materia de bienes estatales que podría implicar forzar una transferencia de acciones entre naciones amigas. En el expediente también figura la presentación del gobierno de Estados Unidos como amicus curiae, que coincidió en parte al señalar que la orden de transferencia podría exceder los límites de la FSIA y generar efectos adversos en la política exterior y en el tratamiento de activos estadounidenses en tribunales extranjeros.

 La resolución de la Cámara podría demorarse y, según las estimaciones del proceso, la definición del caso podría producirse en el primer trimestre de 2026. Entre tanto, el argumento de riesgo de daño irreparable pesa en la estrategia argentina: si el país cumpliera la orden de entrega antes de agotarse la apelación, podría quedar imposibilitado de recuperar las acciones aun cuando obtuviera una sentencia favorable en instancias superiores.