Veto presidencial y tensión con las provincias: el telón antes del diálogo

La confirmación gubernamental de que vetará la ley que reforma la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con la decisión de frenar la emergencia pediátrica (Garrahan) y el financiamiento universitario, abrió una herida política en un momento en que la Casa Rosada buscaba recomponer relaciones con los gobernadores tras el sacudón electoral en la provincia de Buenos Aires.

La invitación que prometía el oficialismo para iniciar una nueva etapa de conversaciones quedó empañada por la decisión de preservar el veto. Gobernadores de distintos signos interpretaron la medida como una señal contradictoria: mientras se ofrece diálogo, se desechan normas que los distritos consideran esenciales para afrontar el ajuste fiscal y las urgencias locales.

El malestar y la figura del ministro del Interior

El enojo se hizo público con comentarios lapidarios desde al menos una gobernación: "Linda forma de debutar", dijeron al referirse a Lisandro Catalán, el designado al frente del renovado Ministerio del Interior. Catalán, de origen tucumano, quedó al mando de la cartera cuando Javier Milei decidió reinstaurarla, después de que en mayo de 2024 la cartera hubiera sido degradada a secretaria y su titular ascendiera a jefe de Gabinete.

La reapertura del Interior generó expectativas: los gobernadores celebraron la posibilidad de contar con un interlocutor con poder de decisión. Sin embargo, la confirmación del veto alimentó la desconfianza. Para muchos mandatarios, el gesto de restituir la dependencia ministerial pierde valor si las decisiones presidenciales siguen chocando con las prioridades provinciales.

La Mesa Federal y los límites del llamado al diálogo

En paralelo, el gobierno anunció la constitución de una Mesa Federal, encabezada por Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y Lisandro Catalán, con el objetivo de retomar el vínculo con los gobernadores. El comunicado presidencial subrayó la intención de profundizar la relación con las provincias "afines", una expresión que encendió dudas sobre la amplitud real del proceso de diálogo.

En las provincias hay cansancio por las conversaciones estériles. "Ya estamos hartos de gastar en pasajes a Buenos Aires para volver sin nada", sintetizó un mandatario peronista. Ese hastío alimenta la exigencia de que las gestiones y los acuerdos se concreten directamente con el Presidente, y no solo con intermediarios ministeriales cuya capacidad de influir se percibe limitada.

El presupuesto como prueba de fuego

El proyecto del Presupuesto nacional, cuya presentación está prevista para el lunes 15 de septiembre en una Cadena Nacional, aparece como el próximo gran punto de conflicto. Diputados y gobernadores coinciden en que la discusión presupuestaria fue el lugar donde se quebró el diálogo: el levantamiento del tratamiento por parte del Ejecutivo, ante reclamos provinciales, dejó heridas políticas que hoy reaparecen.

El Ejecutivo debe enviar el proyecto antes de la semana próxima. La postergación del Presupuesto desde 2023 —cuando el Presidente decidió no sancionarlo en 2024 ni este año— es uno de los factores que tensó la relación con los distritos. Para los gobernadores, la ley de leyes es la llave para asegurar recursos frente a medidas de ajuste y a la merma de transferencias tradicionales.

Escenario político y electoral

El contexto impone una doble lectura: por un lado, la Casa Rosada necesita recomponer puentes con los gobernadores si pretende transitar con menos resistencias el camino hacia 2025; por otro, la decisión de vetar la ley de ATN revela que la estrategia del Ejecutivo prioriza la coherencia de su plan económico por sobre concesiones inmediatas.

Para los mandatarios provinciales, la preferencia es clara: que el Presidente muestre gestos concretos que acompañen la convocatoria al diálogo. Para el Gobierno, en tanto, la reconstrucción de la relación con las provincias pasará por jugar políticamente la discusión del Presupuesto y por definir quiénes formarán parte, en la práctica, de la mesa de decisiones.

Mientras tanto, la anunciada Cadena Nacional del 15 de septiembre se presenta como una instancia clave para medir la voluntad real de apertura. El formato será distinto al del año pasado: un mensaje grabado desde la Casa Rosada, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Las provincias, sin embargo, esperan más que palabras: buscan señales que traduzcan el diálogo en recursos y certezas presupuestarias.

En este tablero, la tensión entre la urgencia de las cuentas públicas y la necesidad de acuerdos federales marcará las próximas semanas. El veto presidencial actúa como catalizador de broncas acumuladas y obliga a ambas partes a decidir hasta dónde están dispuestas a ceder para evitar una escalada que complique aún más el panorama político y fiscal del país.