En los últimos tres meses, el precio de los combustibles volvió a ejercer presión sobre el presupuesto de los hogares: relevamientos en estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires indican un incremento promedio del 11,1% en naftas y gasoil. La novedad del período es la ausencia de comunicados oficiales por parte de las empresas; los usuarios advierten las subas directamente en el surtidor.

Desde agosto, las principales petroleras —YPF, Shell, Axion y Puma— incorporaron aumentos de manera discrecional. En ese lapso, la nafta súper pasó de $1.246 a $1.367 por litro y el gasoil escaló de $1.251 a $1.390. Las firmas aplicaron estos ajustes bajo un esquema denominado “micropricing”, que permite fijar valores por zona, franja horaria o nivel de demanda, originando diferencias de precio incluso entre estaciones de la misma marca.

El cambio en la modalidad de comunicación responde, según fuentes del sector, a la derogación de la obligación de informar variaciones tarifarias, una medida que años atrás había sido implementada para garantizar mayor transparencia. Con ese requisito eliminado, las empresas optaron por no difundir avisos previos y gestionar los aumentos de forma interna.

La aplicación del micropricing implica que el valor del combustible deje de ser homogéneo y previsible: una estación en un barrio puede exhibir un precio distinto a otra ubicada a pocas cuadras, y las actualizaciones pueden activarse en horarios de alta demanda. Para los usuarios, la consecuencia inmediata es incertidumbre en el momento de la compra y dificultad para planificar gastos.

El Gobierno nacional no se pronunció aún sobre la posibilidad de nuevos aumentos ni sobre mecanismos de control o transparencia que puedan implementarse. En la práctica, cada establecimiento define sus tarifas de forma independiente, y los consumidores enfrentan un contexto en el que los precios suben sin aviso y los salarios no acompañan el ritmo inflacionario.

Este escenario reabre el debate sobre la necesidad de herramientas regulatorias que permitan combinar la libertad de precios con estándares mínimos de información. Desde la perspectiva del consumidor, la exigencia es clara: previsibilidad y acceso a datos que faciliten la comparación de precios. Desde la mirada del mercado, las empresas sostienen que la segmentación de tarifas responde a condiciones operativas y comerciales. La tensión entre ambas visiones determinará la agenda pública en las próximas semanas, mientras los automovilistas siguen percibiendo el impacto directo en su bolsillo.