El anuncio del cierre definitivo de la planta de Grupo Simpa en Campana marcó, en pocas horas, un quiebre en la trama laboral y productiva de la industria de las motos en la región. La fábrica, que empleaba a 50 operarios, cesará sus actividades y trasladará toda la producción local al complejo de Pilar, inaugurado en 2022 tras una inversión de 35 millones de dólares. La confirmación formal de la empresa dio cuenta de una decisión corporativa que conjuga ajustes en el modelo productivo y decisiones estratégicas de socios internacionales. La noticia encendió una inmediata y contundente reacción sindical.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que el cierre se concretó sin previo aviso y cuestionó la actitud de las multinacionales que, según el gremio, aprovechan la coyuntura económica para reducir personal. Desde la mañana del jueves, despedidos y delegados se congregaron en los accesos del predio ubicado en el kilómetro 70 de la Ruta 9, donde llevaron adelante cortes y protestas que buscan visibilizar la situación y reclamar respuestas frente a la pérdida de empleo.

En el comunicado oficial, Grupo Simpa explicó que la determinación responde a una “revisión integral del modelo productivo” y a cambios impuestos por uno de sus socios internacionales. Según la compañía, ciertos modelos de motos serán fabricados exclusivamente en las plantas de origen de ese socio, lo que dejó sin actividad a las líneas de ensamblaje de Campana. Esas líneas operaban bajo el formato IKD (Imported Knock Down), con kits provenientes de India, China y Europa, y su cesación implicó la paralización de procesos concretos de montaje local. La resolución abre, además, un debate más amplio sobre la dinámica entre inversiones, cadena de valor y empleo en la industria automotriz y de motovehículos.

Planta de motos cerrada en Campana: 50 trabajadores despedidos y repercusiones locales

Por un lado, la concentración de la producción en el complejo de Pilar —una planta nueva y significativa desde la inversión— puede interpretarse como un esfuerzo por optimizar costos y consolidar la capacidad productiva en un único centro. Por otro, evidencia la vulnerabilidad de esquemas que dependen de kits importados y decisiones de casas matrices internacionales, y plantea interrogantes sobre la sustentabilidad del empleo local frente a cambios de estrategia de proveedores o socios. Para los trabajadores despedidos, la medida representa, además del impacto económico inmediato, la pérdida de la continuidad laboral en un contexto donde las búsquedas de alternativas formales suelen encontrar barreras.

Para los sindicatos, el caso refuerza la exigencia de mayor previsibilidad, mecanismos de mitigación ante cierres y una regulación que proteja el empleo frente a reingenierías productivas decididas fuera del país. En tanto, desde la óptica empresarial, el traslado y la concentración de la producción pueden justificarse en la búsqueda de eficiencia y en la necesidad de adaptarse a cadenas globales más centralizadas. La decisión de fabricar determinados modelos únicamente en plantas de origen responde a estrategias globales de estandarización, control de calidad y reducción de costos logísticos que atraviesan muchas industrias con alto componente de integración internacional.

El cierre de Campana y su repercusión sindical reavivan así una discusión persistente: cómo conciliar inversiones productivas con la protección del empleo y la integración local de proveedores en un mercado cada vez más influido por decisiones transnacionales. En los próximos días, la evolución de las negociaciones entre la empresa, los trabajadores y los sindicatos, así como eventuales medidas públicas, definirán si la situación deriva en compensaciones, recolocaciones o, por el contrario, en un cierre definitivo cuyo costo social recaerá sobre las familias afectadas y la comunidad local.