Prepagas vs Gobierno: quieren congelar las cuotas por dos meses y recrudece el conflicto

El Gobierno tomó la decisión política de declararle la guerra a las prepagas para que cesen con los aumentos a casi cuatro meses de haber liberado el sector mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023. 

La gestión de Javier Milei amenaza con tomar medidas administrativas y judiciales contra las empresas por presunta “cartelización” y “abuso de posición dominante en el mercado” por los incrementos de las cuotas de enero, febrero y marzo. Además, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.

A contrapelo del programa ultraliberal que enarbola Milei, el Gobierno decidió presionar fuertemente a las prepagas -que implementaron aumentos de hasta 165% entre enero y abril- con una embestida pública que podría recrudecer la semana próxima. No solo eso. En privado, según distintas fuentes oficiales y empresarias, hubo conversaciones informales en las que representantes del Poder Ejecutivo les pidieron a las compañías que no siguieran aumentando las cuotas en mayo y en junio.

Las empresas aseguran que en todo momento tuvieron voluntad de acercarse al Gobierno y buscar soluciones, pero que los funcionarios no quisieron recibirlas más. De hecho, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, no les otorgó a las cámaras del sector la audiencia que habían solicitado.

Tensión

El Gobierno viene denunciando que los cinco principales actores del sector habrían dispuesto aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. “Se les recontra fue la mano”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista días atrás que fue el puntapié inicial para una diatriba verbal contra las prepagas.

Fuentes del sector señalaron a este medio que las empresas tenían “buena predisposición para acompañar” en la coyuntura económica. Pero que necesitaban poner sobre la mesa la estructura de costos que tiene el plan médico obligatorio (PMO) que deben ofrecer.

Es decir, pretendían sumar a la negociación con el Gobierno el factor del valor de los medicamentos y de los insumos, además de la cuestión salarial de los profesionales de la salud.

El batifondo de la discusión tiene un fuerte contenido político. El Gobierno tiene en la mira a Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS), a quien califica como el supuesto “articulador” de los aumentos de este año. Milei dio una pista en este sentido cuando replicó en X un mensaje que decía que el aumento de las prepagas tuvo “el nombre y apellido” de ese empresario. El posteo lo atacaba con insultos.

“Quisieron recuperar lo que no ganaron en la gestión anterior por un congelamiento que ellos mismos acordaron con Sergio Massa y Alberto Fernández”, dijo un colaborador oficial muy al tanto de toda la discusión. “Con el DNU 70/2023 hubo otros mercados que se liberaron y no tuvieron la misma actitud. No son ingenuos, le hicieron un favor político al gobierno anterior”, agregó en alusión a que en 2023 las empresas de salud mantuvieron las cuotas en octubre, noviembre y diciembre.

Uno de los interlocutores que el Gobierno interpuso con las prepagas es Mario Lugones, presidente de la Fundación Güemes y allegado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien viene asesorando desde el inicio de la gestión. En el ambiente sanitario señalan que es Lugones quien mueve los hilos en el área de Salud frente al bajo perfil del ministro del área, Mario Russo.

Guerra declarada

Con el diálogo formal cortado con las empresas, funcionarios de la Casa Rosada, del Ministerio de Economía y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mantuvieron reuniones el jueves y el viernes para definir el curso a seguir. “Estamos analizando opciones y van a haber medidas”, se limitaron a decir desde el Palacio de Hacienda..

Otras fuentes al tanto de esos encuentros aseguraron que allí se tomó la “decisión política” de lanzar dos tipos de acciones. Por un lado, se espera que la Secretaría de Comercio avance en los próximos días una “medida administrativa” para prevenir la “cartelización” de las empresas de salud. Los detalles de implementación aún no están definidos.