El proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso anticipa un nuevo retroceso en la inversión educativa nacional. De acuerdo con el análisis del observatorio Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” caerá al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en diez años, y quedará sin el piso legal del 6% del PBI que fija la Ley de Educación Nacional, cuyo artículo 9 el Ejecutivo propone derogar.

El informe —elaborado por Javier Curcio (UBA–CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal— examinó el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y los gastos asociados a la función educativa en otros ministerios, como Defensa e Infraestructura. La Nación aporta el 25% del gasto público en educación; el resto depende de las provincias.

Una década de caída

En 2015, la inversión educativa nacional representaba el 1,59% del PBI. Desde entonces, el gasto real se redujo de $12,9 billones (constantes 2025) a $6,2 billones en 2025. Para 2026, el Gobierno prevé un leve repunte hasta $6,8 billones, lo que implica un aumento real del 8%, aunque dentro de un contexto general de ajuste del gasto público.

Si el Congreso aprueba el proyecto, la participación del gasto educativo nacional en el PBI quedará en 0,75% en 2026, por debajo del 0,8% de 2024 y del 0,82% estimado para 2025.

Menor peso dentro del Estado

Aunque la Secretaría de Educación muestra un aumento nominal del 17,9%, esto se traduce en solo 3,6% real con la inflación oficial proyectada (13,8%). Además, su participación dentro del total del gasto en “Educación y Cultura” caerá del 85% al 81,7%.

Dentro del presupuesto total del Estado, la función educativa representará 5,3% en 2026, muy lejos de Seguridad Social (57%) y Deuda Pública (8,5%). En diez años, la educación perdió casi la mitad de su peso dentro del gasto total.

Cambio de criterio y disputa política

El fin del piso legal del 6% del PBI implica un cambio profundo: el financiamiento educativo pasa a depender de la disponibilidad fiscal y no de una obligación normativa. Según especialistas, esto marca un giro estructural en la política educativa y coloca el enfoque en la extensión horaria escolar, en detrimento de infraestructura, inclusión digital y formación docente.

El Plan Nacional de Alfabetización, eje oficial

El Plan Nacional de Alfabetización (PNA) será una de las pocas áreas con crecimiento fuerte: aumentará 78,9% nominal (más de 50% real), concentrado en la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% de esos fondos. Sin embargo, esto implicará fuertes reducciones en acciones de apoyo pedagógico (-97%) y formación docente específica (-25%).

Universidades: la mayor porción, pero sin expansión

Las universidades siguen recibiendo la mayor parte del presupuesto educativo nacional (77%), aunque esa proporción cae 2,1 puntos respecto de 2025. Su financiamiento crecerá apenas 0,8% real y podría volverse negativo si la inflación supera la meta oficial.

El programa “Conectar Igualdad” queda eliminado, y las partidas para infraestructura y equipamiento caen 62,9%, mientras que las destinadas a formación tecnológica bajan 49,6%.

Qué dicen los especialistas

“Es imprescindible recuperar consenso político y social para garantizar recursos estables”, sostuvo Javier Curcio, quien consideró que el Presupuesto 2026 insinúa “una posible reversión del ajuste”, pero sin reglas claras ni acuerdo federal.

Osvaldo Giordano (IERAL) valoró la búsqueda de equilibrio fiscal y señaló que el desafío es “pasar de un ajuste rudimentario a uno sostenible y de calidad”.

Santiago Bulat remarcó la importancia de “priorizar áreas estratégicas y articular Nación y provincias para garantizar impacto”.

Jorge Lo Cascio alertó que la fuerte caída en infraestructura y equipamiento “profundiza desigualdades y compromete la alfabetización digital”.