En el ámbito de la economía argentina, la reciente propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, ha suscitado un debate que merece ser analizado con detenimiento. La propuesta sugiere dividir la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre la Nación y las provincias, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la coparticipación y la equidad fiscal entre las diversas jurisdicciones del país. 

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proporciona datos relevantes sobre el impacto que esta medida podría tener en las provincias. Según dicho informe, se estima que 18 de las 24 provincias se verían afectadas negativamente si se implementara una alícuota del 11 por ciento, tal como se sugiere en la propuesta. Estas provincias experimentarían una caída en sus ingresos, lo que desencadenaría la necesidad de aumentar su parte del impuesto. 

Tal ajuste, en la práctica, podría significar una carga fiscal considerablemente mayor en comparación con la situación actual, repercutiendo de manera directa en los precios al consumidor. Este efecto sería particularmente notorio en sectores sensibles, como el de los combustibles, por ejemplo. 

En contraste, el análisis también revela que seis provincias se beneficiarían con el nuevo esquema propuesto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se destacan como las más favorecidas, con incrementos en sus ingresos totales de un 23,4 por ciento y un 18,7 por ciento, respectivamente. Otras provincias como Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe también experimentarían mejoras, aunque de forma más moderada. 

Por su parte, Mendoza y Santa Cruz se posicionan en una zona intermedia, con una pérdida promedio de ingresos del 6 por ciento. En el extremo opuesto, provincias como Corrientes, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Misiones enfrentarían una reducción del 15 por ciento en sus ingresos. San Luis y Jujuy tendrían una caída del 21 por ciento, mientras que Chaco y San Juan se verían afectados con una disminución del 28 por ciento. 

Por último, el grupo más perjudicado de todos lo conforman Catamarca, La Rioja y Formosa, que podrían experimentar un desplome del 35 por ciento en su recaudación total, a menos que decidan aumentar su parte del impuesto. Este escenario plantea un dilema significativo para la política fiscal en Argentina, donde la equidad en la distribución de recursos es fundamental para garantizar el desarrollo y el bienestar de todas las provincias. 

La propuesta del ministro Caputo, por lo tanto, no solo requiere un análisis económico exhaustivo, sino también un debate amplio que contemple las diversas realidades que enfrentan las provincias argentinas.