El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con un marcado énfasis en fortalecer las partidas destinadas a las provincias, una señal pensada tanto para los gobernadores como para el Congreso, que deberá debatir el proyecto el 24 de septiembre. Para Tucumán el plan nacional prevé un gasto cercano a $3,9 billones, una cifra que se acerca al tamaño del propio presupuesto provincial que el gobernador Osvaldo Jaldo deberá elevar a la Legislatura el 30 de octubre.

 La propuesta llega, además, acompañada por un mensaje hacia organismos internacionales y por la intención de contener posibles protestas sociales, como marchas de jubilados o malestar estudiantil. Del total asignado a Tucumán, el 85% —unos $3,3 billones según el Ministerio de Economía— se canalizaría a gasto social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la provincia concentraría al menos $2,9 billones para el pago de jubilaciones, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas y asignaciones familiares; en tanto, otros $269.407 millones quedarían destinados a pensiones por invalidez.

 Ese fuerte sesgo social coloca a Tucumán entre las jurisdicciones con mayor crecimiento del gasto: el incremento estimado para la provincia es del 29,7% respecto al ejercicio vigente, por encima del promedio nacional del 20,6% y ubicándola séptima entre las 24 jurisdicciones. En cuanto a la distribución, casi el 96% del crédito presupuestario asignado a la provincia se orienta a servicios sociales, que incluyen Salud y Educación. 

Por el lado de los ingresos, la Nación prevé girar alrededor de $3,3 billones a través de transferencias por coparticipación federal y leyes especiales, que serán clave para sostener los pagos sociales. Ahora resta el paso por el Congreso y luego la articulación con la administración provincial para ver cómo se traducen estos montos en políticas concretas y en el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de programas sociales.