Subsidios energéticos: más de 3.500 domicilios en countries y Puerto Madero quedan afuera
La Secretaría de Energía informó que detectó maniobras de usuarios que, pese a haber sido excluidos del RASE por su alto poder adquisitivo, intentaron reinscribirse de forma fraudulenta y anunció que los controles se ampliarán a nivel federal para reforzar la fiscalización
El Gobierno nacional comunicó que, en el mes de agosto, se excluyó del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte, así como a usuarios del barrio porteño de Puerto Madero. Según la información oficial, estos hogares ya habían sido dados de baja del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) en mayo, cuando la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementó un proceso de recategorización por geolocalización que alcanzó a 15.518 usuarios considerados con capacidad de pago manifiesta.
El relato oficial detalla que, tras la recategorización inicial, una parte de los excluidos intentó reincorporarse al sistema mediante la presentación de declaraciones juradas con datos alterados. Frente a esa situación, el organismo aplicó herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria para detectar las inconsistencias y validar la verdadera condición socioeconómica de los solicitantes. Gracias a esos procedimientos se logró identificar irregularidades y consolidar las exclusiones correspondientes.
Desde el Ejecutivo se informó que la medida busca asegurar que los subsidios energéticos se destinen únicamente a los hogares que los requieren, y anunciaron la continuidad de las tareas de identificación de barrios cerrados y countries en el interior del país. El objetivo declarado es federalizar los controles, profesionalizar el cruce de datos y garantizar una asignación más justa y transparente de los recursos públicos.
En sus declaraciones, fuentes oficiales subrayaron el compromiso del Estado con la administración eficiente de fondos: proteger los recursos públicos y dirigir los subsidios hacia quienes realmente los necesitan. La medida se enmarca, según el Gobierno, en una serie de acciones orientadas a prevenir fraudes, mejorar la focalización de políticas sociales y optimizar el gasto público en el sector energético.