El conflicto entre el gobierno y el gremio de pilotos escala a pocos días del inicio de las vacaciones de invierno. La reciente reforma del Código Aeronáutico, formalizada mediante el Decreto 378/2025, encendió la alarma en el sector: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) advirtió que la nueva normativa podría derivar en cancelaciones masivas de vuelos durante julio, uno de los períodos de mayor demanda aérea del año.

El decreto —publicado a comienzos de junio en el Boletín Oficial— introdujo cambios clave: el descanso semanal de las tripulaciones se redujo de 36 a 30 horas, el tope anual de horas de vuelo pasó de 800 a 1.000, y el régimen de vacaciones fue unificado en 15 días consecutivos por año. Hasta ahora, los pilotos ingresantes contaban con 45 días anuales al sumar 30 días por ley más 15 adicionales. Según el Gobierno, esta modificación alinea el régimen argentino con los estándares internacionales, como el de Estados Unidos, donde un piloto nuevo tiene 14 días de vacaciones al año.

APLA reaccionó con dureza. En un comunicado reciente expresó: “A esta altura del mes de junio, las programaciones de vuelo de varias flotas y empresas aerocomerciales para el mes de julio aún no están disponibles. Este retraso se debe, en gran medida, al dictado del Decreto 378/25, una norma inconsulta, ilegítima e ilegal, como ha venido declarando APLA y así lo requerirá judicialmente”.

Según el gremio, las compañías aún no saben cómo adaptar sus sistemas de programación para cumplir con la nueva normativa, lo que está generando una gran incertidumbre operativa. “Una vez más, la Subsecretaría de Transporte Aéreo demuestra su falta de planificación al implementar una nueva regulación que no puede tener aplicación y que, en su caso, tendría un considerable impacto en las operaciones aéreas durante la alta demanda de las vacaciones de invierno”, apuntaron.

APLA también denunció la falta de previsibilidad y aseguró que “dará lugar a cientos de cancelaciones de vuelos durante el período vacacional invernal”. Además, responsabilizó directamente a las autoridades: “Desde APLA, hacemos responsables a las autoridades gubernamentales que intentan con este decreto alterar el régimen aeronáutico y ello podría determinar las consecuencias mencionadas anteriormente”.

Desde el Gobierno, en cambio, defienden la medida: “Tendrá un impacto favorable para cualquier línea aérea que quiera operar en la República Argentina y pone al sector al servicio de los argentinos. Permite que los operadores aerocomerciales cuenten con más libertades para organizar la operación beneficiando a empresas y pasajeros que contarán con una mayor competitividad y más opciones de vuelo; siempre priorizando la seguridad operacional del sistema”.

Este conflicto no es aislado. El 10 de junio, APLA llevó adelante un paro total de actividades que paralizó operaciones de Aerolíneas Argentinas en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. La protesta dejó en tierra a más de 6.000 pasajeros y generó pérdidas estimadas en 1,1 millones de dólares. En esa oportunidad, los pilotos denunciaron no solo el impacto del decreto, sino también “inaceptables incumplimientos convencionales perpetrados por la empresa”, un “prolongado retraso en la pauta salarial”, y la “ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía”.

“El salario nunca se terminó de ajustar”, remarcaron, y agregaron que los aumentos parciales otorgados hasta ahora quedaron por debajo de la inflación. “Ahora no logramos que haya una nueva propuesta”, explicaron.

Con el decreto vigente, los sistemas de programación en las aerolíneas siguen trabados, el sindicato en estado de alerta y el Gobierno firme en su decisión. Mientras tanto, miles de pasajeros esperan definiciones que podrían alterar por completo sus planes de viaje para las vacaciones de invierno.