YPF: Argentina activa su estrategia ante la Justicia de EE.UU. para evitar entregar acciones
Los abogados del Estado presentan este jueves el primer escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para impugnar el fallo de Loretta Preska. El proceso podría extenderse hasta 2026.
Este jueves, Argentina da el primer paso en una etapa clave del juicio por la expropiación de YPF, con el objetivo de frenar la entrega de acciones de la petrolera al fondo Burford, ordenada por la jueza neoyorquina Loretta Preska como parte de una sentencia por más de US$16.000 millones.
Los abogados del Estado presentarán un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, que suspendió provisoriamente la ejecución de la orden de Preska. En este primer documento, la defensa argentina expondrá sus argumentos contra la entrega de las acciones de YPF.
El proceso judicial continuará el 29 de octubre, cuando el tribunal evaluará el fondo de la cuestión: la sentencia de septiembre de 2023 que condenó a la Argentina por no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la estatización de YPF en 2012.
Antes de esa instancia, los demandantes solicitaron formalmente que se establezca un calendario para las presentaciones. Según ese pedido, el cronograma propuesto es el siguiente:
- 14 de noviembre: presentación del escrito de respuesta de los beneficiarios del fallo.
- 12 de diciembre: réplica de la defensa argentina.
Cumplido ese calendario, la Corte de Apelaciones deberá analizar todos los argumentos antes de emitir un fallo definitivo sobre el destino de las acciones y el monto de la condena. En su presentación, los demandantes también solicitaron que la audiencia oral se celebre “lo antes posible” durante el año 2026.
Mientras tanto, YPF continúa bajo control estatal y el Gobierno nacional refuerza su estrategia legal para intentar reducir el impacto económico, político y simbólico de una posible derrota.
El 29 de octubre, una audiencia clave tras las elecciones
La audiencia del 29 de octubre será probablemente la instancia más relevante del juicio para el gobierno argentino. Coincide con un momento político sensible: será tres días después de las elecciones legislativas nacionales.
Ese día, la Argentina deberá exponer ante el tribunal los fundamentos para impugnar la condena impuesta por la jueza Loretta Preska, que fijó una indemnización superior a los US$16.000 millones a favor de los fondos que adquirieron el litigio iniciado por antiguos accionistas minoritarios de YPF.
El planteo del gobierno argentino no solo busca anular el fallo, sino también reducir el monto de la sentencia, considerado excesivo por la defensa legal del país.
Avance en otro frente: la Argentina logró reducir una condena en el Ciadi
En paralelo, la Procuración del Tesoro informó este jueves un avance favorable en otra causa internacional. Se trata del juicio iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la ex concesión de la conexión vial Rosario–Victoria.
El litigio se remonta a medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que llevaron a la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y al inicio del juicio por parte de la empresa Webuild. La Procuración presentó el 11 de junio un pedido de rectificación, que fue aceptado por el tribunal arbitral: se resolvió reducir en un 20% la indemnización inicialmente fijada.
De este modo, la sentencia bajó de US$147 millones a US$117 millones, lo que representa un ahorro de casi US$30 millones para el Estado argentino, equivalentes a unos $42.000 millones al tipo de cambio actual.
“El erario público se ahorrará casi 30 millones de dólares. Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, sostuvo la Procuración del Tesoro en un comunicado.