YPF: Burford criticó al gobierno de EEUU por su apoyo a Argentina
El bufete inglés presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores”, dijeron.
Burford Capital, el principal beneficiario del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EE.UU., con duras críticas al gobierno estadounidense, que la semana pasada había intervenido como amicus curiae en favor del país sudamericano.
La firma británica, que cotiza en Londres y Wall Street, solicitó a la corte que no acepte la participación de EE.UU. como "amigo del tribunal". Sin embargo, fuentes cercanas al caso, que hablaron con Infobae, interpretaron que la posición presentada no representa la postura oficial del Gobierno estadounidense, sino que proviene de “funcionarios de bajo rango que no están involucrados en la estrategia de política exterior de EE.UU.”. En el pasado, Estados Unidos ha respaldado la posición del demandante, enfatizando su interés en que los Estados extranjeros que operan en mercados estadounidenses no gocen de inmunidad ante demandas por incumplimientos de obligaciones comerciales.
Lo cierto es que esta presentación “no estaba prevista”, según otras fuentes vinculadas a esta prolongada demanda que lleva ya 10 años, y se da en el contexto de una decisión crucial que debe tomar esta semana la corte de apelaciones: si se suspende el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó la entrega de las acciones que posee el Estado en YPF (51%) como parte de pago por la condena en primera instancia.
Burford calificó como “sumamente inusual” la presentación de funcionarios del Departamento de Justicia de Donald Trump y dedicó 10 páginas a refutar los argumentos de los fiscales estadounidenses, afirmando que se basan en “premisas erróneas” y “no aportan nada sustancial”.
“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, añadieron.
Reiteraron su objetivo de cobrar la demanda que ganaron en primera instancia por USD 16.000 millones. Consideran que la presentación de la semana pasada tuvo “efectos adversos” a nivel local, ya que los medios y funcionarios argentinos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina no tendrá que pagar la sentencia. Así, esperan cobrar más de USD 17.500 millones que ya suma la causa con los intereses, o al menos negociar en ese sentido.
“Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, manifestó Burford.
Además, el estudio de abogados intentó, sin éxito, explicar su postura al gobierno de EE.UU. “El gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, se detalla en el escrito.
Amicus curiae
La semana pasada, EE.UU. presentó su apoyo al país a través de distintos escritos firmados por Jay Clayton, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal, solicitando que se respete la inmunidad soberana extranjera.
“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y afectar el trato recíproco de EE.UU. y sus bienes en los tribunales de otros países”, detallaron los escritos de los funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU.
También se argumentó que Argentina podría sufrir un daño irreparable si no se suspende el fallo y que si se entregan y transfieren las acciones de YPF a los acreedores en EE.UU., “podría perder la posibilidad de reclamar dicha propiedad, incluso si prevalece en la apelación”.
“Por otro lado, exigir a Argentina que constituya una fianza en espera de la apelación la obligaría a localizar activos en EE.UU., que podrían entonces ser objeto de embargo”, explicaron.
“No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado. Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la Corte Suprema de EE.UU. solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro, el ente que lidera Santiago Castro Videla, que actualmente se encuentra en un proceso de purga de funcionarios en medio de sospechas de filtraciones y venta de información.